La nueva Ley de Tasas aprobada por el Ministerio de Justicia supone una división en leyes para ricos y para pobres, ya que para realizar cualquier trámite judicial se impone el pago de un impuesto en ocasiones de elevada cuantía. Por ejemplo, esta medida perjudicará a los ciudadanos que tendrán que abonar 500 euros por recurrir una sentencia o 100 euros por reclamar una factura en los tribunales. También tendrá que pagar por pedir una partida de nacimiento, un certificado de defunción o la solicitud de nacionalidad.

Esta ley ha suscitado el pronunciamiento en contra de jueces, abogados y ciudadanos porque atenta contra al menos dos derechos recogidos en la actual Constitución: el artículo 24 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, y el 9.2. sobre las garantías para que la libertad, igualdad y plena participación de los ciudadanos sean reales y efectivas.

El programa El Candelero, de Radio Vallekas, en Madrid, nos ofrece la entrevista con el abogado José Manuel Hernández, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, sobre la nueva Ley de Tasas Judiciales.