En el Estado español, los controles policiales discriminatorios basados en perfiles raciales o étnicos son una triste realidad cotidiana que ha sido ya denunciada por múltiples colectivos. Desde el Ministerio de Interior y la policía siguen negando su existencia. Ahora se avanza en la estrategia de intimidación, y cada vez es más frecuente que la policía pida la documentación a las personas que simplemente presencian una de estas redadas racistas. Algunas personas activistas de Derechos Humanos se enfrentan a multas y sanciones porque tras la identificación, se les acusa de desórdenes y de impedir hacer a la policía “su trabajo”.

El programa ’El Candelero’, de Radio Vallekas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista a Marcela, del Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular del Barrio de Lavapiés, de Madrid.