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La revuelta estudiantil ignorada y criminalizada por el Gobierno español



Educación  |  Estado Español

15 de diciembre de 2008

La revuelta estudiantil contra la aplicación del plan de Bolonia en las universidades ha dado un gran paso este fin de semana. Los alumnos y alumnas, durante 48 horas, representantes de las asambleas de todo el Estado español han compartido estrategias y métodos de protesta en la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València. El objetivo común sigue pendiente: conseguir la celebración de una consulta vinculante en las facultades sobre la reforma europea de la universidad.

El I Encuentro de Asambleas de Estudiantes Contra Bolonia expresó la solidaridad con los estudiantes expedientados, y rechazado que se criminalice la protesta antibolonia que ’tan sólo pretende establecer un debate abierto en torno a esta reforma impuesta de la educación superior’.

La voz de los estudiantes crece día a día ante el desprecio del Gobierno que mantiene que las protestas poco tienen que ver con el proceso de Bolonia. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, cuyo departamento gestiona la política universitaria, es tajante en su respuesta: "Bolonia es irreversible y no cederemos ante la violencia". Estas declaraciones son muy criticadas por alumnas y alumnos, quienes afirman que el Gobierno vuelve a aplicar la estrategia de criminalizar a los movimientos críticos con las políticas oficiales intentando vincularles con la violencia, algo que las Asambleas estudiantiles rechazan de plano.

El proceso de Bolonia es el nombre común del Espacio Europeo de Educación Superior que se aplicará de manera obligatoria en el curso 2010/2011. Es un plan firmado por 46 países que pretende, supuestamente, que los estudiantes y profesores universitarios circulen con mayor facilidad por los centros de esos Estados europeos gracias a la homologación de los títulos. Pero desde sus inicios, el proceso ha recibido críticas de varios ámbitos en toda Europa por distintas razones enmarcadas en la idea de que las reformas pretenden una progresiva política de privatización y mercantilización del mundo universitario.

Por todo esto, el movimiento estudiantil se ha lanzado a la protesta. Se han multiplicado los encierros en diversas universidades del Estado español.



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