Este documento prohíbe y penaliza el recurso a una práctica que en América latina conoció sus peores momentos durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 con decenas de miles de personas desaparecidas. Un total de 59 países, once de los cuáles pertenecen a América Latina, firmaron la Convención que convierte este flagelo en delito de lesa humanidad.

El documento será vinculante cuando sea ratificado por el parlamento de 20 países. Este hecho llenará un vacío jurídico que promovió durante décadas la impunidad.

Es importante señalar que la Convención no sólo tendría aplicación contra las desapariciones del pasado, sino también contra las que se producen actualmente en el marco de “la guerra contra el terrorismo”. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sus expectativas sobre la actitud de Estados Unidos, que no ha firmado la Convención. Washington ha sido acusado de practicar arrestos irregulares y de mantener detenidos en lugares desconocidos.

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