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La verdad no contada de lo que ocurre en Venezuela



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7 de marzo de 2015

Más Voces ofrece el vídeo íntegro de la conferencia ofrecida el pasado 3 de Marzo de 2015, en el Ateneo de Madrid, por el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, de Venezuela.

Los medios de comunicación y sectores políticos –incluídos algunos que se consideran progresistas- repiten como una verdad absoluta que en Venezuela hay una dictadura, pero además, que se trata de una dictadura que asesina a sus opositores. Sin embargo, a nada que una persona ponga interés por conocer lo que en realidad está ocurriendo se encuentra con una verdad muy distinta. La democracia en Venezuela ha sido verificada año tras años por observadores internacionales, y lo que ocurre es un alzamiento continuo, un hostigamiento y un llamamiento a generar violencia en las calles por los dirigentes políticos, mediáticos y empresariales, con el objetivo de derrocar el orden constitucional y el gobierno del presidente Maduro. En esa meta está quedando acreditada la participación de gobiernos internacionales, con el de Estados Unidos a la cabeza, y de medios de comunicación internacionales que, fieles a una estrategia Goebbeliana, difunden la mentira necesaria para generar y fabricar una opinión pública internacional favorable a los objetivos golpistas.

Pero la democracia venezolana está sostenida por la voluntad mayoritaria de un pueblo que ya sabe lo que es reaccionar ante un Golpe de Estado y restablecer a su presidente en el cargo.

En la conferencia participaron, como parte de Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, Nairoby Olivera, que perdió a su marido por los actos de violencia generados por la oposición golpista; Luis Durán, que perdió a su hijo; y Carmen Labrador, que perdió a su hermano. Además intervinieron Cristóbal Cornieles, de la ONG de Derechos Humanos Sur DH; y Michael Díaz, abogado y activista de Derechos Humanos en Venezuela.

Fuente: Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado.

Tras la victoria electoral de Nicolás Maduro por la cual fue electo democráticamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 13 de abril de 2013, Venezuela ha sido víctima de acciones violentas que vulneran los Derechos Humanos.

Se trata de acciones de violencia política por parte de sectores de la sociedad venezolana, que tienen el propósito de desconocer la voluntad mayoritaria del Pueblo expresada en elecciones, y forzar una ruptura del orden constitucional. Acciones que han sido articuladas y acompañadas por personas, partidos y gobiernos extranjeros, inclusive por organizaciones del crimen organizado y terroristas.

El mismo 13 de abril de 2013, el candidato de oposición que perdió las elecciones, Henrique Capriles Radonski, convocó a sus partidarios a descargr su “arrechera” en la calle en contra de los resultados electorales que le eran adversos. En Venezuela, la palabra “arrechera” es sinónima de rabia, odio y violencia.

Esta convocatoria pública a generar hechos de violencia con motivos políticos fue realizada a través de televisión, radio y otros medios de comunicación afines a la oposición violenta, y generó una arremetida de sus partidarios contra las personas que festejaban la victoria electoral del presidente Maduro, así como contra instalaciones públicas dirigidas a prestar servicios esenciales como salud y alimentación.

Esta acción política responsabilidad directa del candidato perdedor de las elecciones generó la muerte de nueve personas y decenas de heridos quienes en su mayoría se encontraban en las calles expresando su alegría por la victoria electoral obtenida. Es importante señalar que las acciones violentas incluyeron el uso de armas de fuego, y que en muchos casos fueron premeditadas.

Posteriormente, entre febrero y junio de 2014, Venezuela sufrió otra arremetida de violencia política dirigida a generar una ruptura del orden constitucional. Esta nueva ofensiva, denominada “La Salida”, fue convocada públicamente por partidos y dirigentes políticos de oposición, entre ellos, Leopoldo López Mendoza, María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Durante este periodo se combinaron manifestaciones pacíficas y legítimas que expresaban las opiniones de un sector democrático de la población venezolana, con manifestaciones violentas acciones terroristas y delitos en contra de las personas en general, y en particular de quienes simpatizan con el gobierno del presidente Maduro.

Tal vez lo más grave en esta oportunidad es que los hechos de violencia fueron acompañados o avalados por gobernadores, alcaldes y alcaldesas de oposición, inclusive de sus cuerpos de policía. Con esta conducta fue notable la participación del alcalde de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos, y del municipio de San Diego (Carabobo) Enzo Scarano.

En el marco de esta acción, diversas zonas del país fueron escenarios del desarrollo de “guarimbas” en sus vías de comunicación. Es decir, instalación de barricadas con todo tipo de material de desecho, con el objeto de obstaculizar la circulación de vehículos y personas. Cabe resaltar que en algunos lugares fueron puestos alambres de acero en la vía para derribar a quienes intentaban superar las barricadas a bordo de motocicletas. Un militar, un General en retiro, difundió en Twitter las instrucciones para llevar a cabo esa criminal acción.

Durante todos esos sucesos, ocurridos de febrero a junio de 2014, murieron un total de cuarenta y tres personas, de las cuales veintinueve fallecieron por heridas de armas de fuego, siete por trampas en las vías públicas, y nueve despejando los cortes de calle. La mayoría de estas personas asesinadas son responsabilidad de quienes se encontraban ejerciendo violencia política para lograr “La Salida”, esto es la ruptura constitucional y el derrocamiento del presidente Maduro.

Para describir el nivel y tipo de violencia ejercida por estos sectores resulta oportuno señalar que resultaron muertos por herida de bala nueve funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algunos de ellos mientras despejaban obstáculos en la vía pública cuando ya habían cesado las manifestaciones. Adicionalmente, hubo centenares de personas heridas y lesionadas. Inclusive, incendiaron un centro público de educación inicial donde se encontraban más de noventa niños y niñas menores de seis años de edad; así como centros públicos de salud cuyo personal sanitario se mantenía en su interior bajo amenazas de muerte y tras recibir agresiones físicas, y unidades de transporte colectivo público mientras se impedía salir a sus conductores, usuarios y usuarias.

Asimismo, es necesario señalar que fueron destruidas e incendiadas infraestructuras dirigidas a prestar servicios públicos esenciales: centros de salud, escuelas, universidades, bibliotecas, locales de acopio y distribución de alimentos a precios de interés social, infraestructura de electricidad, plantas de tratamiento de agua y transporte público. Acciones que amenazaron y vulneraron los Derechos Humanos colectivos de la población.

Lamentablemente, todos estos hechos han sido silenciados o tergiversados por algunos medios de comunicación y otros actores políticos, incluso por determinados organismos internacionales de Derechos Humanos, pretendiendo mostrar a los autores intelectuales y materiales de la violencia como víctimas del poder estatal, olvidando a quienes realmente sufrieron las consecuencias del llamamiento a la violencia.

Quienes integran el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, de Venezuela, han sufrido directamente esas graves violaciones de los Derechos Humanos. Han perdido s sus seres queridos, hijos, hijas, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas y parejas. Han experimentado directamente la violencia desatada por ambiciones políticas, y están viviendo sus consecuencias.

Por ello, las víctimas se encuentran decididas a exigir que se investigue y determine la verdad de los hechos sucedidos, quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de estas violaciones de Derechos Humanos, cuáles fueron sus verdaderas motivaciones, y sobre todo, que se dicten las sanciones que correspondan.

Las víctimas dicen estar convencidas de que la justicia no se llevará a cabo hasta que la verdad de lo ocurrido sea conocida por todos y todas, dentro y fuera de Venezuela.

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