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Las decisiones tomadas por la jueza Carmen Lamela podrían ser invalidadas por tribunales europeos



Justicia e In-Justicia  |  Estado Español

4 de noviembre de 2017

Desde el punto de vista de muchos juristas, las decisiones tomadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, sobre el conflicto de Catalunya y que ya han conducido a prisión al exvicepresident Oriol Junqueras y a ocho exconsellers, están llenas de puntos negros, muy cuestionables desde el punto de vista legal. Incluso dichas actuaciones reciben las calificaciones de "aberrantes", que vulneran los derechos fundamentales y de defensa de los imputados. Pero además, anuncian que estas decisiones podrían ser invalidadas si son revisadas por tribunales europeos, como parece que acabará ocurriendo.

Especialmente porque las órdenes internacionales de detención cursadas por la magistrada contra el expresident Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas obligará a la intervención de la Judicatura belga, que puede examinar esas actuaciones y motivaciones con una lupa que ponga de manifiesto todas esas contradicciones e irregularidades, que además apuntan a razones y objetivos políticos para esa causa general contra los líderes independentistas catalanes.

El periodista Carlos Enrique Bayo, del periódico telemático Público.es ha investigado y publica algunos de los defectos jurídicos más flagrantes de este complejo procedimiento judicial. Por su relevancia, realizamos la siguiente adaptación radiofónica. Estos son los puntos negros de la actuación de Maza y Lamela:

1. Precipitación y alteración de los ritmos judiciales

La velocidad imprimida por Maza y Lamela a las actuaciones contra los encausados es tan desmesuradamente precipitada que en la práctica está negando las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, según han denunciado magistrados y juristas. Además, esto es algo muy peligroso en términos de jurisprudencia, ya que se van a santificar procedimientos judiciales extremos que hasta ahora no habían sido aceptados en ninguna causa anterior. En consecuencia, no es de recibo que se cite a los procesados en un festivo y que reciban esa citación menos de 24 horas antes de la cita para declarar ante el juez, sin haber tenido tiempo para estudiar una querella tan compleja.

2. Actuación judicial contra políticos en plazo electoral

Aunque no esté regulado de forma explícita, es una norma no escrita de la Judicatura que las actuaciones judiciales en las que se ven implicados dirigentes políticos tienen que ralentizarse, incluso detenerse, durante el plazo –nunca demasiado largo, en términos de los procedimientos judiciales– previo a unas elecciones. Y esta norma ha sido refrendada muy recientemente por el propio Tribunal Supremo, que en 2016 impidió a ex candidatos políticos continuar con sus procedimientos judiciales en tanto no culminase un nuevo proceso electoral. Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral advierte en su punto séptimo que los funcionarios públicos cometen delito en el caso de que "causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato". Por eso paralizan sus actuaciones los magistrados en etapa electoral.

3. La Audiencia envía a prisión sin ser de su competencia
La Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar por rebelión a Junqueras y a los otros que acaba de enviar a prisión. Y no es una opinión de juristas, sino que está clara e inequívocamente dictaminado por el auto del 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional".
Así que la jueza Lamela está tomando resoluciones durísimas, privando de libertad a ciudadanos relevantes por la vía rápida y causando por tanto alarma social, sin tener ni siquiera la competencia para ello.

4. La Mesa del Parlament no compete al Supremo

Otro punto negro es el enjuiciamiento de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Supremo, ya que al pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara continúan aforados y por tanto sólo puede procesarlos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

No obstante, el fiscal Maza se ha aferrado a un razonamiento capcioso: los artículos 56 y 57 del Estatut de Autonomia dicen que el tribunal catalán tiene atribuciones exclusivas sobre los aforados para los delitos cometidos en Catalunya, pero que si se trata de un delito cometido fuera de la comunidad, entonces es competente el Supremo. Así que Maza dice que el delito que atribuye a Forcadell y a la Mesa del Parlament se ha cometido fuera de Catalunya... porque puede tener efectos en todo el Estado. Según los juristas eso es "una construcción jurídica aberrante".

Más aún, Maza añade una cláusula inexistente de protección de la Judicatura y dice que además es conveniente alejar el caso de la Judicatura catalana, porque está sometida a presiones. Eso es tanto como manifestar que desconfía del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

5. El fiscal no defiende los derechos de los encausados

La ley española obliga a la Fiscalía del Estado a consignar en el sumario tanto los hechos que favorecen como los que perjudican al encausado. Pero Maza no hace eso en ningún momento. Sólo se dedica a cargar las tintas de las actuaciones presuntamente delictivas de cargos electos y se comporta como si fuera un abogado de la acusación, cuando es su obligación también velar por los derechos fundamentales de los procesados y defender la legalidad de las actuaciones judiciales.

6. No se respetan los derechos procesales básicos
La falta de respeto hacia los derechos procesales básicos se ha manifestado en la forma de comunicar los cargos a los encausados. Ya comentamos la precipitación y celeridad atípica de las citaciones a declarar. Pero en el caso de Puigdemont ha sido aún más descarado, puesto que ni siquiera se le ha llegado a citar personalmente, algo inexcusable en la primera comunicación de una querella a un reo. Puigdemont no está huido y si ha solicitado declarar por videoconferencia es que su abogado ha designado un domicilio, una dirección de Internet y un teléfono con acceso a fibra óptica para efectuarla por Skype u otro medio, cosa a la que tiene derecho según la nueva ley. Todo el mundo tiene derecho a una primera citación personal y sólo se puede cursar orden de captura cuando se demuestra que no ha sido atendida. Cosa que no es el caso, porque el expresident ha pedido declarar por videoconferencia y todavía no consta –jurídicamente hablando– que pretenda evadir la acción de la Justicia. Pese a lo cual se ha ordenado ya su detención y entrega mediante los mecanismos internacionales de Europol, como si fuera un fugitivo.

7. A Puigdemont se le niega el derecho de defensa
Como consecuencia de lo anterior, se ha cometido una nueva vulneración del derecho de defensa de Puigdemont: la de negar que estuvieran presentes sus abogados en las declaraciones de los otros encausados. Eso es totalmente irregular, ya que cuando finalmente declare –sea por videoconferencia, detenido, extraditado o tras regresar voluntariamente– tendrá que hacerlo sin saber lo que han dicho los demás sobre él. Una situación que es de evidente indefensión.

8. La juez decreta prisión sin valorar el "arraigo"
La magistrada Lamela ha dictado con gran celeridad órdenes de prisión para Junqueras y ocho exconsellers sin valorar el "arraigo" de los encausados, un criterio que siempre se tiene en cuenta antes de decretar encarcelamientos. Puede parecer clasista, y probablemente lo es, pero el "arraigo" siempre evita el encarcelamiento de los encausados aun en el caso de empresarios con desfalcos importantísimos que podrían darles medios económicos suficientes para evadir la acción de la Justicia. Es decir, si se demuestra que el acusado tiene un arraigo social; o sea, hijos que van a un instituto o a un colegio, que participa en la asociación de padres, que pertenece a organizaciones culturales a las que asiste todas las semanas, que cuenta con arraigo patrimonial, laboral, social… en ese caso, los jueces no meten al acusado en prisión, porque consideran que va a ir al juicio.

Y, si existen dudas, siempre se pueden aplicar medidas cautelares sin detención: vigilancia policial, obligación de presentación diaria en comisaría, métodos electrónicos de seguimiento... Sólo se decreta el ingreso en prisión inmediato para delincuentes sin arraigo alguno. ¿Piensan Lamela y Maza que Junqueras y los exconsellers van a abandonar su familia, sus bienes, su arraigo en Catalunya, para darse a la fuga? ¿Todos ellos?

9. Violación del secreto de las comunicaciones
Finalmente, existe una irregularidad procesal que algunos juristas estiman definitiva. Incluso creen que podría llevar a la nulidad de toda la causa, como ocurrió en el caso Naseiro de financiación ilegal del PP en el inicio de esa formación. Se trata de las peticiones de escuchas telefónicas al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lleva nueve meses tramitando en secreto la denuncia del partido ultraderechista VOX contra el juez catalán Santi Vidal por haber dicho que tenía todos los datos fiscales de los catalanes.
A raíz de esa presunta violación de la ley de protección de datos, Sunyer ha ordenado 14 detenciones, una docena de registros e innumerables escuchas telefónicas de relevantes dirigentes independentistas, como los dos Jordis (Sánchez y Cuixart, de la Asamblea Nacional Catalana y la asociación cultural Ómnium, hoy presos) o incluso consellers. El problema es que la jueza Lamela le ha solicitado muchas de esas grabaciones, bajo secreto de sumario, pero no ha pedido también los autos de Sunyer que deben justificar esa vulneración del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones privadas. El contenido de esas comunicaciones ha sido, por tanto, empleado para acusar a los imputados, sin que se haya verificado si los atestados de Sunyer –quien ya cuenta más de 70 años y tiene en su haber diversas actuaciones imprudentes, como enviar a prisión incondicional a independentistas que luego han tenido que ser absueltos e indemnizados por el tiempo de encarcelamiento– avalan con la suficiente motivación jurídica esa vulneración de un derecho fundamental.

Estos son algunos de los puntos negros de la causa judicial que muchos juristas consideran que, en el caso de llegar a ser revisada por los tribunales europeos, podrían ser invalidadas y constituir un ejemplo nefasto a nivel internacional de una justicia manipulada y teledirigida intencionadamente por la Fiscalía General del Estado que depende jerárquicamente del Gobierno de Mariano Rajoy.



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