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Ley Mordaza o puesta en marcha de un sistema represivo dictatorial



Derechos HumanosONG, colectivos y sociedad civilPensamiento político y social  |  Estado Español

27 de diciembre de 2013

Se cumplen dos años de Gobierno ultraderechista del Partido Popular que abarcan numerosos ámbitos, desde los derechos laborales –con la desequilibrada y agresiva reforma laboral- a los servicios públicos –con leyes educativas que atentan contra la equidad, la significativa reducción de becas y ayudas al estudio o los repagos farmacéuticos y el impedimento de que puedan acceder a la sanidad determinados colectivos. Pasando por la restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mediante la reforma de la ley del aborto, alejada del sentir de la mayoría de la sociedad y realizada para satisfacer a los sectores más reaccionarios.

El Gobierno de Rajoy también mete mano al espacio de las libertades públicas y el derecho de manifestación, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya es conocida como Ley Mordaza o Ley de Represión Ciudadana, y que ha encontrado una importante contestación social.

Desde los sectores de izquierda de la sociedad estiman que el endurecimiento del Código Penal, la Ley de Seguridad Privada o los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana obedecen, fundamentalmente, a un entramado ideológico de incremento del autoritarismo, no a una respuesta a una situación de aumento de la inseguridad, que no se ha producido, como muestran los datos oficiales; ni a unas circunstancias de explosión en las calles, ya que los propios policías reconocen que son completamente minoritarios los casos de manifestaciones violentas y los actos vandálicos.

En el caso de la que empieza a ser conocida como ley mordaza, se trata de aplicar toda una amplia gama de sanciones administrativas, que, por lo tanto, no se deciden en el ámbito de la Justicia, y clasificadas en infracciones leves (que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros de sanción), graves (de 1.001 a 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000). Con esta Ley, el Gobierno se ahorra el bochorno que actualmente está pasando cuando las personas detenidas en las manifestaciones son absueltas por los jueces, ya que esas personas demostraron que no ejercían la violencia sino el libre derecho de manifestación y expresión. Por eso el Gobierno en la Ley también prohíbe que se graben o fotografíen imágenes de policías, porque las grabaciones ciudadanas han servido como pruebas de las mentiras elaboradas por el poder para detener y criminalizar la protesta. Ahora se ahorran el paso por los jueces, y será el propio Gobierno quien sancionará las multas.

Por todo esto, se están sucediendo las manifestaciones, por todo el Estado español, contra la Ley Mordaza. Javier Robles, de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Javier, miembro de la Asamblea del Movimiento 15M del barrio madrileño de Hortaleza, donde el sábado, 28 de diciembre, se realiza una concentración de protesta.



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