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Madrid y la lucha ciudadana contra la privatización del agua



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25 de enero de 2012

En diciembre de 2008 la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó la privatización del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua potable desde hace un siglo y medio, con los únicos votos del derechista Partido Popular, facultando al Consejo de Gobierno de la Comunidad a reemplazar a la actual empresa pública por una sociedad anónima, el 49% de cuyas acciones se pondrá a la venta.

Con esta decisión el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con eficiencia desde hace mas de 150 años, por una empresa pública que cuenta con un alto grado de aceptación de la ciudadanía madrileña. Igualmente, de consumarse este hecho, se robaría a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo e inmuebles, así como los activos de que dispone a través de su participación en más de 30 empresas que constituyen el Grupo Canal.

La privatización del Canal no tiene justificación desde ningún punto de vista (ni económico, ni técnico, ni social) y su único objetivo es regalar al sector privado un negocio sin riesgo y con altas tasas de ganancia. Sin embargo, puede conducir a la prestación de peores servicios, a mayores costes y a un empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores, tal y como se ha constatado en privatizaciones similares. Además el proceso adolece de un déficit democrático y falta de transparencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos no han podido participar de ninguna forma en una decisión tan importante para sus intereses y tan siquiera esta privatización fue incluida en el programa electoral que el PP presentó en las últimas elecciones autonómicas.

Para luchar contra este desatino se constituyó la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participan organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos a título personal. Pilar Esquinas, pertenece a la Comisión Legal de la Plataforma. Escucha sus opiniones.



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