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Marruecos condena a 24 activistas saharauis por los hechos del campamento “Dignidad”, Gdein Izik, de 2010



Guerras y conflictosCárceles y personas presas  |  África

29 de julio de 2017

Un tribunal de Marruecos ha condenado a los 24 activistas saharauis detenidos durante el desmantelamiento del Campamento de Gdein Izik en 2010. Los activistas fueron condenados en 2013, pero se apeló la sentencia y ahora el Tribunal de Apelación de Salé ha dictado penas similares a las ya impuestas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013. Castigos desde la cadena perpetua para siete saharauis, hasta los 20 años de cárcel para otras tres personas. En esta ocasión, dos presos quedaron en libertad por haber cumplido la condena durante los siete años que han estado en prisión. Se les acusaba de ser los responsables de matar a 11 gendarmes marroquíes, un hecho que nunca se pudo demostrar en un juicio lleno de irregularidades, que las organizaciones de Derechos Humanos han calificado de juicio político.

En varios países, pero sobre todo en el Estado español se han producido manifestaciones de protesta por las condenas y se reclama la liberación de todos los presos políticos saharauis. La protesta más numerosa tuvo lugar en la Puerta del Sol, de Madrid, donde se reunieron saharauis, organizaciones de solidaridad con el Sáhara y activistas sociales de diferentes movimientos.

Vamos a recordar lo que pasó entre los días 8 y 12 de noviembre de 2010:

Alrededor de treinta mil refugiados saharauis se asentaron con sus jaimas a pocos kilómetros de la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, creando el campamento ’Dignidad’ (Gdeim Izik). Protestaban contra la ocupación marroquí y contra sus miserables condiciones de vida.

El campamento fue todo un ejemplo de solidaridad y protesta pacífica. Se organizaron en multitud de comisiones de trabajo e incluso organizaron un sistema de reparto igualitario de comida en mitad del duro desierto.

Pero el régimen de Marruecos no estaba dispuesto a que ese campamento se alargara en el tiempo poniendo en la agenda mediática internacional la situación en el Sáhara Occidental. Así que decidió intervenir militarmente. Entre los días 8 y 9 de noviembre de 2010 arrasaron con todo el campamento quemando y destruyendo todas las jaimas y asesinando a un número que aún hoy se desconoce porque Marruecos impidió a los medios de comunicación y organizaciones de Derechos Humanos acceder a la zona.

Los altercados se extendieron a la capital saharaui, El Aaiún. Tras la represión el Frente Polisario habló de más de 20 fallecidos y fijó la cifra de heridos en más de 4.500 y más de 2.000 detenidos.

Dos activistas prosaharauis, Isabel Terraza y Antonio Velázquez, se encontraban en el campamento cuando fue desalojado. Ellos consiguieron grabar en vídeo la represión marroquí. Los propios saharauis los evacuaron sabiendo la importancia de que el mundo pudiera ver lo que estaba pasando.

Isabel y Antonio tuvieron que permanecer días escondidos en El Aaiún. Fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad marroquíes para evitar que sus grabaciones fueran difundidas. No lo consiguieron y el mundo pudo ver la masacre marroquí. Los activistas, estando escondidos grabaron un mensaje de denuncia pidiendo la intervención de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional.

Lo que ocurrió en esos días de noviembre de 2010 fue una masacre marroquí hacia el pueblo saharaui. Sin embargo, los 24 activistas detenidos y juzgados sin pruebas son los únicos condenados. Siete de ellos pasarán el resto de sus vidas entre rejas.

Las asociaciones de solidaridad aglutinadas en la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) instan al Gobierno español a pedir garantías a Marruecos, con el objetivo de que España se implique en investigaciones independientes y solicite garantías procesales en su antigua colonia. Mediante un comunicado señalan que frente a la "escalofriante indiferencia, injusticia y desafío a la Comunidad" por parte del Tribunal marroquí, "no se puede mirar a otro lado". Recuerdan que “España sigue siendo la potencia administradora del territorio y tiene una deuda moral, política, jurídica e histórica con el pueblo saharaui por lo que el Gobierno y todas las fuerzas políticas deben exigir que se cumpla la legalidad internacional y se anulen unas sentencias impuestas por un Tribunal sin competencias y en un proceso repleto de irregularidades", ha insistido la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara en su comunicado.

Escucha el reportaje.



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