La ONU denuncia que más de 1000 personas de la minoría musulmana rohingya, de Myanmar, la antigua Birmania, han perdido la vida en operaciones del Ejército en su contra en tan sólo cuatro meses.

El Gobierno de Myanmar (Birmania) no reconoce a más de un millón de rohingyas como ciudadanos y ha comenzado una campaña militar en su contra en el estado de Rajine, fronterizo con Bangladés. Se estima que casi cien mil personas han cruzado la frontera buscando refugio en el país vecino.

Llama la atención que ahora Birmania está liderada, aunque no presidida por cuestiones legales, por la perseguida durante décadas y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Un reciente informe de la ONU advirtió días atrás de que puede estar produciéndose una "limpieza étnica" contra los rohingyas, que han sido sometidos a una nueva ola de represión desde el mes de octubre, tras la muerte de nueve policías en un asalto, del que el Gobierno birmano acusó a miembros de esta etnia.

En los últimos meses esta población, que reside principalmente en el estado de Rajine, en el oeste del país, ha sufrido ejecuciones sumarias, violaciones y la quema de sus casas, en el marco del operativo de seguridad del Ejército. El Ejecutivo birmano también mantiene prohibido el acceso a la zona de ayuda humanitaria, de la que dependen miles de personas, así como de observadores y prensa independiente.

La semana pasada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, acusó sin paliativos al Ejército birmano de cometer "espantosas atrocidades" contra la población rohingya, desde violaciones en masa hasta la ejecución de bebés, advirtiendo de que la campaña militar podría tratarse sencillamente de un "crimen contra la Humanidad".

Tanto la ONU como otros organismos humanitarios han acusado al Gobierno birmano de desatender los llamados y advertencias para atajar la crisis. El analista internacional y musulman Faisal Sergio Tapia aborda el tema.