En días pasados la policía hondureña informó de la muerte violenta de nueve menores en la colonia La Pradera, en Honduras. De momento, hay tres jóvenes detenidos y acusados de participar en los crímenes. Muchos apuntan a la violencia generada por bandas criminales que controlan uena parte de la actividad económica y laboral en el país. Por tanto, también se acusa al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández por la pasividad en la política de menores.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificaron la violencia contra niños como “inadmisible” y ofreció al Gobierno hondureño la experiencia técnica del organismo mundial para combatir ese flagelo.

El más reciente estudio de la organización no gubernamental, Casa Alianza, establece que en lo que corresponde a la muerte violenta de niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que en lo que va de año se han registrado un total de 91 casos, de los cuales, 70 corresponden al sexo masculino y 12 al sexo femenino.

Tomás González, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH, en Honduras, dice que los crímenes de menores tienen también que ver con el modelo neoliberal, con la acción de las empresas privadas y con las políticas que se han venido implementando desde el propio Estado.