En Honduras, en la madrugada del 6 de junio fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Puerto Castilla, miembro de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas.

La detención se produjo en un puesto policial, en un control de rutina, porque a Malvin le “reabrieron” una causa penal en su contra, que había sido clausurada en 2015. Le acusan de “usurpación” de un terreno que la compañía INTERMARES tenía en usufructo desde el año 1996, cuando fue cedido por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y donde supuestamente INTERMARES pretendía construir una procesadora de harina de pescado. La realidad es que Intermares otorgó el terreno a los hermanos y ricos empresarios Weizemblut Oliva para saldar deudas pendientes.

En mayo de 2014, ante el hacinamiento en que vive la comunidad de Puerto Castilla, sus miembros decidieron recuperar el terreno baldío, pero fueron desalojados violentamente por efectivos del Ministerio de Seguridad.

Desde Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con Miriam Miranda, dirigente de la OFRANEH, que opina que la detención de su compañero está vinculada a la intención del Estado hondureño y de empresas transnacionales de quitar del medio a defensores de los pueblos que luchan contra los proyectos extractivistas y por la democracia en su país, que vive desde hace años bajo una dictadura civil.