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Multas para los que sufren: el Gobierno español sancionará por escraches a 30 personas que pueden ser sancionadas hasta con 6.000 euros



ONG, colectivos y sociedad civilVivienda y urbanismoCrisis económica  |  Estado Español

11 de abril de 2013

Justo en el día en el que se conoce un informe que demuestra que durante el año 2012 los bancos realizaron 115 desahucios al día, el Gobierno anuncia sanciones para 30 personas por manifestarse en contra de esos desahucios. El mundo al revés. Las autoridades sancionando a las personas que sufren y otorgando impunidad a bancos e instituciones públicas que están poniendo en la calle a miles de familias por no poder hacer frente a las abusivas hipotecas.

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha hecho público un informe en el que se recoge por primera vez el número exacto de desahucios en primera vivienda. Los bancos desahuciaron el año pasado a 115 familias al día y se quedaron con 30.000 primeras viviendas, una cifra muy superior a la que admitían las propias entidades bancarias.

En el análisis por Comunidades Autónomas, Madrid se lleva la palma, seguida muy de cerca por autonomías como Valencia, Andalucía y Cataluña. Todas ellas disfrutaron del auge de la burbuja inmobiliaria, pero ahora son las que realmente achacan el pinchazo.

Pues bien, el día en el que se conocen estos datos que representan el sufrimiento de centenares de miles de personas, la Delegación del Gobierno en Madrid da a conocer que tiene previsto sancionar al menos a una treintena de personas acusadas de haber participado en varios escraches, es decir protestas ante políticos. Entre los expedientes que deberán ser firmados por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, está uno que afecta a Jorge Verstrynge, profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, hoy situado en la izquierda social y política, pero que fue secretario general de Alianza Popular, el partido germen del derechista Partido Popular, entre 1979 y 1986, y que participó en el escrache cerca de la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría el pasado día 5. Escuchamos (en el audio de la noticia) al profesor Jorge Verstrynge, quien cuenta cómo fue el escrache, cómo hubo una decisión política y, en primer lugar, cuenta cómo se enteró de su posible sanción viendo cómo lo anunciaba la Delegada Cifuentes en una tertulia en el canal de TV de los Obispos.

En el seno del Partido Popular se está criminalizando la protesta pacífica de afectados por la hipoteca a través de escrache. Los escraches son protestas ciudadanas pacíficas que pueden realizarse en cualquier lugar donde se encuentre el político, incluido en la puerta de su casa. Hay que recordar que la presión social de la gente en las calles es la que está consiguiendo que los políticos hablen de los desahucios, que algunos gobiernos empiecen a tomar medidas y que se visibilice la estafa que miles de familias están sufriendo. El Gobierno por su parte tiende a criminalizar la protesta y ahora usando el elemento disuasorio de las identificaciones y multas a quienes participen de los escraches.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, afirma que el Partido Popular se inventa una campaña de acoso y criminalización para no tener que hablar de los desahuciados y de cómo las enmiendas que el Gobierno ha hecho a la Iniciativa Legislativa Popular pone de nuevo en evidencia cómo el Ejecutivo se vuelve a poner del lado de los bancos y los poderosos que están causando tanto sufrimiento a miles de familias.

Como resultado de los escraches registrados en Madrid, la policía ya ha dado traslado de más de 30 expedientes a la Delegación del Gobierno para que sean estudiados por el equipo técnicos de su titular, Cristina Cifuentes, la cual debe firmar y comunicar posteriormente la sanción a los denunciados.

Lo probable es que la sanción media a los considerados como organizadores de estas concentraciones ronde en torno a los 1.500 euros, mientras que quienes simplemente sean acusados de participar en ellas recibirán de la Delegación del Gobierno una sanción estimada en 200 euros.

Terminamos escuchando (en el audio de la noticia) a una mujer desahuciada que participó en el escrache a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el sonido de ese escrache.



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