El 8 de noviembre es el plazo previsto por el Gobierno español para ejecutar el apagón de la telefonía móvil de prepago. Todos los teléfonos móviles —tanto de contrato como de prepago— deberán tener un dueño conocido, con su nombre y apellido. Los que no hayan identificado su terminal perderán inmediatamente la línea. Hasta el momento, la identidad de los dueños de los móviles con tarjeta prepago pasaba inadvertida para las fuerzas de seguridad, que veían limitadas sus funciones de seguimiento al llevar a cabo escuchas telefónicas, ya que les faltaban datos que sí tenían cuando se trataba de un terminal con contrato. No en vano, los terroristas del 11-M utilizaron este sistema para atentar. Ahora todos estarán controlados como si tuvieran un contrato normal.

Pero el sistema tiene otra cara. El Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel), que en estos momentos opera bajo el paraguas de una dudosa regulación, incrementa su área de influencia notablemente. Ahora tendrá la capacidad para controlar el cien por cien de los teléfonos móviles españoles.

El sistema —implantado en Guardia Civil, Policía y Centro Nacional de Inteligencia— es utilizado únicamente por agentes facultados, que acceden a los centros de interceptación de comunicaciones homologados, que disponen el software instalado. Los agentes tienen sus claves de acceso y, con ellas, la capacidad para pinchar los terminales de cualquier número de teléfono que opere en España a través de las redes nacionales. Ahora tampoco se le escapará quién está detrás de cada móvil.

Además de acceder a la conversación en sí misma, los agentes reciben una serie de datos de tráfico asociados a la comunicación tales como la posición geográfica del vigilado (también cuando no está hablando por el móvil), su nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad o tipo de contrato con la operadora, entre otros. Tanto el acceso a la conversación como a los datos asociados tiene que hacerlo el agente siempre con previa autorización de un juez. Lo contrario sería un delito penado por la ley. Sin embargo, la propia ley permite acceder a algunos datos sin ese permiso judicial. Entre estos últimos se encuentran el DNI, el nombre, los apellidos o la posición geográfica del investigado.

El fiscal Pedro Martínez, uno de los ponentes de la Conferencia Internacional de Protección de Datos, que inaugurará en Madrid la próxima semana el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, critica la ley. Asegura que mediante estos datos de tráfico "se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas".

Se trata de una filosofía legislativa, explican algunos expertos, que sitúa a todos los ciudadanos como sospechosos. "Conservan tus datos por si mañana haces algo", asegura el fiscal Pedro Martínez, quien recalca que con estas iniciativas "se está generando una sociedad de la vigilancia que sustituye a la sociedad de las libertades".