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Nuevo asesinato en Madrid: Amparo con 6 hijos y 2 nietos a cargo se suicida al recibir carta de desahucio de la Empresa Municipal de la Vivienda



ONG, colectivos y sociedad civilVivienda y urbanismoCrisis económica  |  Estado Español

17 de septiembre de 2013

Una vez más hay que informar de una muerte por la actitud insensible, esta vez de políticos del Madrid que pretendía ser Olímpico. Se trata de Amparo. La Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente de la alcaldesa Ana Botella, tasó su vida en 900 euros.

Amparo, una mujer de 45 años, se ha suicidado en la mañana de este martes, 17 de septiembre, un día después de haber recogido una orden de desahucio de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid.

Para Amparo no habrá cafés relajantes en la Plaza Mayor ni nada de las bondades del Madrid que pretendió vender con escaso éxito la alcaldesa, Ana Botella, ante el Comité Olímpico Internacional. La empresa que quiso desahuciar a Amparo depende de la alcaldesa y no hubo piedad.

Según ha informado la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, Amparo vivía con su marido, tres hijos menores y dos nietos que estaban a su cargo en un piso de la calle Fonseca, en el barrio de Carabanchel. Tenía, además, otros tres hijos.

La deuda de Amparo ascendía únicamente a 900 euros, cuentan desde la Plataforma, que también ha explicado que los adeudos con la Empresa Municipal de la Vivienda suelen ser "pequeños". La EMV es una empresa municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, es decir, depende de la administración y no de los bancos, por lo que su supuesto objetivo es el de "facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades", con precios, según la propia empresa, "tres veces inferiores a los del mercado". Pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que la EMV no deja pagar a los afectados aunque quieran. El problema con las deudas de la EMV, explican, "es que la empresa no quiere coger el dinero de la gente". Es algo que llevan denunciando desde hace mucho tiempo y denuncian la total indefensión. Según denuncia la Plataforma, las personas afectadas llegan a las oficinas de la empresa municipal y aunque quieran pagar o renegociar la deuda, se les dice que la situación no tiene arreglo y que se procederá al desahucio. "La EMV sólo busca que todo se privatice", sostienen desde la Plataforma. La Directora de Patrimonio de la EMV, Estrella Sánchez González, firmó la orden de desahucio que ha propiciado la lamentable muerte de Amparo.

Por todo esto, se realizó una concentración ante la sede de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, en la calle Palos de la Frontera, número 13, donde se leyó un comunicado.

En la concentración se escucharon gritos de rabia por la muerte de Amparo, que es considerada como un auténtico asesinato de la Administración, y gritos de protesta y para evidenciar que la lucha ciudadana continúa contra los continuos abusos del poder.

Pero desgraciadamente, los desahucios de la Empresa Municipal de la Vivienda, del Madrid de la alcaldesa Ana Botella continúan. Con el dolor por la muerte de Amparo, se anunciaban dos nuevos casos de desahucio para los próximos días. A Jaime, con cuatro hijos, la EMV primero le dio la posibilidad de pagar la deuda en tres meses, pero luego le dijeron que no, que si no podía pagar todo el desahucio de su vivienda se va a producir el próximo día 20. Y unos días más tarde, el 25 de septiembre, se planea otro nuevo desahucio por parte de la empresa de la vivienda dependiente de la alcaldesa, Ana Botella.

Pero la lucha ciudadana resiste. En cada intento de desahucio centenares de personas se presentan para intentar paralizarlo. Y la Plataforma sigue negociando con las Administraciones y Bancos para evitar que las personas que más están sufriendo la crisis pierdan sus hogares. Y también hay logros y se aplazan o paralizan desahucios, como en el caso de Dolores, a la que quisieron desahuciar incluso después de sufrir un ataque de epilepsia. No fue la sensibilidad de los ejecutores del desahucio la que salvó a Dolores. A última hora una orden judicial paralizó el desahucio.

Sea como sea, la clase política y el poder económico deben hacer examen de conciencia y empezar a actuar para que, como en el caso de Amparo, 900 euros no lleven a una persona a la muerte. Cuando eso pasa es que el sistema no parece gozar de buena salud.



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