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Otra periodista asesinada en Honduras



Guerras y conflictosMedios de comunicación  |  América Latina y el Caribe

8 de diciembre de 2011

La periodista hondureña Luz Marina Paz y un mecánico que la acompañaba murieron el pasado martes por disparos de pistoleros en la periferia suroeste de Tegucigalpa. En total son 17 los comunicadores asesinados en ese país desde 2010.

La periodista había terminado recientemente de trabajar para la radio Globo, afín al derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya, y se desempeñaba en la radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN). "Los crímenes se adjudican a problemas personales o al crimen organizado (por parte de la policía) pero el problema es que nos se investiga, hay impunidad, el Estado no garantiza la vida y el ejercicio del periodismo y de las libertades democráticas", apuntó el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Osmán López.

Desde el Golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya y la convocatoria ilegítima de unas elecciones que pusieron en el poder al presidente Porfirio Lobo, el país centroamericano vive una escalada de la persecución y asesinatos de las personas que se atreven a alzar la voz en contra del Golpe y en favor de la democracia. Un día antes del asesinato de Luz Marina Paz, el diario La Tribuna sufrió un atentado, y es habitual el acoso a los medios ciudadanos y comunitarios.

La anterior víctima fue Medardo Flores, asesinado el 8 de septiembre en Puerto Cortés, aunque trabajaba en la Radio Uno de San Pedro Sula y era encargado de finanzas del opositor Frente Amplio de Resistencia Popular en el norte del país.

La criminalidad es tan alta, que el propio Gobierno resultante del Golpe de Estado ha reconocido que los organismos de seguridad se encuentran seriamente infiltrados por las mafias y que cuerpos enteros de la policía están vinculados al secuestro, el sicariato, el narcotráfico y el robo de autos, entre otros delitos.

Para contrarrestar la criminalidad, el presidente Porfirio Lobo se propone declarar un estado de emergencia para incorporar a los militares a labores típicamente policiales, lo cual es criticado por organizaciones sociales y de derechos humanos, ya que estiman que los militares, como golpistas, acrecentarán la criminalidad y la represión a las voces críticas.



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