Doscientas personas han evitado, por segunda vez, que desahuciaran a Marisa, una mujer de 62 años, residente en el barrio madrileño de Malasaña. Marisa está en el paro, no tiene a donde ir, y lleva más de un año sin poder pagar el alquiler. Han sido tantas las personas que han acudido en su ayuda, que la comisión judicial ni si quiera ha podido acceder a la calle donde se encuentra el domicilio.

Ni las solicitudes a las administraciones públicas, ni los intentos judiciales para paralizar el desahucio por motivos humanitarios han dado resultado y se quiere echar a Marisa a la calle sin ninguna alternativa. Dado que Marisa ha vivido de alquiler, ve aun sus derechos más pisoteados si cabe que si se hubiera hipotecado, no puede optar a ninguna de las escasas viviendas del “fondo social” del gobierno ni acogerse a ningún real decreto. Es más, después de la última reforma de la ley del alquiler puede acabar en un fichero de morosos de alquiler, que le impida volver a acceder a una vivienda nunca más.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lleva meses ayudando a Marisa. Estiman que un Estado que echa a personas de 62 años a la calle, excluyéndolas y que criminaliza a quién vive de alquiler, es un Estado insolidario y demuestra una democracia enferma.