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Pacto de Estado contra la violencia machista: acuerdo de mínimos tras seis meses de negociación



MujeresJusticia e In-JusticiaMachismo  |  Estado Español

26 de julio de 2017

En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han sido asesinados en el Estado español. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años. Los datos son peores que hace un año y clamaban por un acuerdo político que implique a todas las administraciones públicas y a la sociedad.

Todos los grupos políticos representados en la subcomisión del Congreso que han negociado durante los últimos seis meses un Pacto de Estado contra la violencia machista, se han felicitado por el documento acordado por unanimidad. Sin embargo, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, el resto de los grupos representados en la subcomisión han manifestado que se trata de un esfuerzo importante, pero lo han calificado de un consenso de mínimos, puesto que para muchos aún dista de ser un Pacto de Estado.

La subcomisión ya tiene un dictamen (así se llama el documento aprobado) que tiene que elevar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los diputados el próximos viernes 28 de julio para su aprobación final. Hasta entonces, muchos de los grupos trabajaran en los votos particulares que presentarán en la Comisión de Igualdad y que serán aprobados o rechazados por mayoría, lo que puede modificar aún el documento de forma importante.

El acuerdo reúne 200 medidas que estarán dotadas de mil millones de euros para los primeros cinco años.

​Angela Rodríguez de Unidos Podemos ha manifestado que "esto no es un Pacto de Estado, puesto que falta un enfoque integral que atienda de la misma manera a todas las víctimas de violencias machistas. Lo que tenemos hoy es un documento que trata a unas víctimas de primera y a otras de segunda", afirma Rodríguez.

Angeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista en el Congreso ha mostrado satisfecha por este “acuerdo de mínimos” alcanzado y ha señalado que “lo prioritario es que las medidas acordadas se hagan efectivas lo más rápidamente posible”.

Marta Sorlí, diputada de Compromís, también afirmó que "se trata de un pacto de mínimos pero es un buen principio". "Esperábamos que fuera más claro, valiente y atrevido a la hora de proteger a las mujeres de las distintas violencias", afirmó Sorlí que añadió que "en Valencia acabamos de hacer un pacto y es más contundente porque equipara a las víctimas de violencia machistas con las del terrorismo", añadió.

Javier Maroto,vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, calificó este pacto de Estado como "un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país".

Una de las medidas más demandadas que introduce el pacto es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los primeros abusos.

Los grupos acuerdan también modificar la ley de régimen local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.

Desde el punto de vista penal, se plantea también suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género. Se perfeccionará además la tipificación de los delitos en el ámbito digital, de forma que, entre otras, las injurias y calumnias no se consideren solo delito leve.

Prevenir y atajar la violencia contra la mujer a través de la educación es otra de las prioridades del pacto. Con este objetivo, se reforzará y ampliará en todos los niveles educativos el fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con niños y varones adolescentes y se dará formación al profesorado.

Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar, sin contravenir el derecho, la seguridad de las mujeres.

Los hijos menores de víctimas de violencia contarán con apoyo psicólogo y pedagógico. Los huérfanos tendrán derecho a pensiones inmediatas y quien tenga su guardia y custodia tendrá prioridad para acceder a viviendas de protección.

El documento que han acordado los grupos políticos será sometido a debate y votación en la Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. A partir del lunes, el Gobierno tiene dos meses para sentarse para consensuar con las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas aunque hay disposiciones que ya puede poner en marcha.

Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento del pacto.

En el Estado español una media de 70 mujeres al año son asesinadas por su parejas o ex parejas. Las estadísticas oficiales dicen que un 12,5% de las mujeres mayores de 16 años sufren violencia física o sexual, y que una de cada 4 adolescentes padece de violencia psicológica. Muchos se preguntan por qué una buena parte de adolescentes y jóvenes que ha crecido en la sociedad teórica de la igualdad de derechos no identifica las conductas machistas, qué peso tienen aún los estereotipos de género, o el mito del amor romántico, cómo se está resolviendo la división sexual del trabajo, quién está asumiendo la responsabilidad de las tareas domésticas y los cuidados. ¿Qué tipo de machismo nos queda? ¿Es un machismo que no se ve o que quizás no sabemos ver? En el audio se pronuncian por este orden Miguel Lorente, médico forense y ex delegado del Gobierno para la violencia de género, Ana de Miguel, profesora de filosofía moral y política de la Universidad Rey Juan Carlos; Gerard Coll-Planas, sociólogo; y Sara Moreno, socióloga de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Por tanto, la sociedad sigue teniendo pendiente seguir reflexionando y tomando conciencia sobre el machismo que inunda todos los espacios vitales como instrumento de un sistema patriarcal que promueve a veces a gritos, a veces silenciosamente la desigualdad y las relaciones de poder.



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