En Panamá existe una represión política y judicial hacia los movimientos sociales. Precisamente los mismos movimientos que denuncian la corrupción política, los procesos de privatización de servicios públicos, como la sanidad y la educación, y que denuncian el enriquecimiento de pocas familias a través del proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

En ese compromiso de denuncia y de articulación de la sociedad civil se han producido asesinatos de dirigentes sindicales.

Entrevistamos a Saúl Méndez, de la Dirección Nacional del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá.