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Para la defesa de la Infanta Cristina el juez Castro es como la Inquisición. Los socialistas apoyan la inmunidad del rey



Pensamiento político y social  |  Estado Español

16 de abril de 2013

La defensa de la infanta Cristina considera que la decisión del juez José Castro de imputar "de oficio" a la hija del Rey Juan Carlos es "más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo" que del procedimiento justo que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española. Con este alegato, el equipo de abogados de la hija pequeña del rey, a cuya cabeza está el exportavoz de CiU, el conservador Miquel Roca, irrumpe con fuerza en la causa, en la que se personaron la semana pasada a raíz del auto de imputación.

Esas afirmaciones figuran en el escrito, de 32 folios, que los abogados de la Infanta Cristina presentaron este martes al juez Castro para adherirse al recurso de apelación de la Fiscalía contra la inculpación de su cliente. Subrayan que en la causa no hay indicios incriminatorios contra ella, y que, además, los hechos que le achaca el juez no son delito. Piensan además que el juez ha vulnerado el principio acusatorio al actuar de oficio y no a petición del fiscal o el resto de acusaciones.

Los abogados desacreditan los correos electrónicos aportados a la causa por Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta, por carecer de "relevancia alguna" para basar la imputación.

El juez José Castro imputó a la infanta Cristina dentro del ‘caso Nóos’ en el que está implicado su marido, Iñaki Urdangarin, por actividades fraudulentas. Se trata de un escándalo de corrupción, apropiación indebida de dinero público y lavado de dinero del que está acusado Urdangarin. En el caso Nóos se investiga el desvío de 6,1 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia a paraísos fiscales a través de la fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro que presidió el yerno del rey, Iñaki Urdangarín. El dinero lavado fue también a parar a empresas ficticias de EE.UU., Reino Unido y otros países. El ex socio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres, declaró que tanto ella como su asesor real, Carlos García Revenga, eran miembros de la junta directiva de la Fundación Nóos y que tenían un papel tan activo como el de los otros integrantes.

Y mientras los casos de supuesta corrupción están incidiendo en la Casa Real española, algunos dirigentes del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, habían hecho comentarios que sugerían el fin de la inmunidad para el Rey. Sin embargo, finalmente los socialistas han defendido los privilegios del monarca. Para el Partido Socialista, y de forma coincidente con el gobernante Partido Popular, lo único que debe cambiar el estatus de la monarquía para adaptarla al siglo XXI, es que la institución sea más transparente. El rey, por tanto, debe seguir manteniendo la inmunidad que contempla la Constitución en su artículo 56, y que dice, literalmente, que la figura de Juan Carlos de Borbón "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Esta protección especial no está en discusión según ha recalcado la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, que ha remarcado que así deberá mantenerse, también, cuando el sucesor del jefe del Estado, Felipe de Borbón, logre el poder. Es decir, en esta situación nunca el Rey podría ser procesado si se descubriera por ejemplo que ha cometido ilegalidades financieras. Y es que hace pocas fechas se supo que el padre del rey podría haber dejado una herencia millonaria al monarca en cuentas de Suiza.



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