En el Estado español está paralizadas actualmente las directrices ordenadas por el juez Baltasar Garzón para que se iniciaran las investigaciones en torno a los miles de desaparecidos durante el régimen dictatorial de Francisco Franco.

Hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, anunció el pasado 16 de octubre su intención de investigar estos hechos, pero la Fiscalía presentó un recurso contra esa decisión. El juez también autorizó la apertura de varias fosas comunes donde se cree hay desaparecidos enterrados, pero la justicia paralizó esas autorizaciones.

Precisamente fue en los primeros días de noviembre cuando la Audiencia Nacional española suspendió cautelarmente la exhumación de restos de personas incluidas en la investigación de Baltasar Garzón hasta que el Tribunal concluya si este magistrado es competente para llevar a cabo tal sumario.

Para tener una idea clara: las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan las registradas en algunos países latinoamericanos como los 30.000 desaparecidos en Argentina.

En este contexto se presenta el informe "España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo", elaborado por Giulia Tamayo, responsable de investigación de Amnistía Internacional y encargada del dossier sobre las desapariciones forzadas durante el régimen de Francisco Franco.