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Policía española maltrata a migrante nigeriano durante su deportación



Inmigración y refugiadosRacismo y xenofobia  |  Estado Español

2 de julio de 2012

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento reclama que el nigeriano Austin Johnson sea devuelto a España para que el juez pueda investigar en debidas condiciones la denuncia por malos tratos por parte de los policías que lo condujeron durante el vuelo de deportación a Nigeria. En el hospital de Lagos certificaron “múltiples hematomas”.

La deportación a Nigeria de Austin Johnson el pasado 1 de junio no sólo impidió que haya podido conocer a su hija Divine, nacida en Valencia ocho días después, sino que le supuso tres días de hospitalización en Lagos por el “trato brutal” a que fue sometido por los policías que supuestamente custodiaban la expulsión, según denunció Peggy Abiemwense, esposa de Austin y madre de Divine, el 22 de junio en el juzgado de instrucción nº 17 de Valencia. Austin sufrió “agresiones directas con medios contundentes” y al llegar a su país fue trasladado directamente al Omuja Medical Center de Lagos, donde se le apreciaron “múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas, contusiones múltiples en el pecho”, “molestias generales en todo el cuerpo” y “dificultad de movimientos cervicales derivados de un dolor agudo”, según consta en la documentación aportada en la denuncia. Los médicos le curaron las heridas, le escayolaron el brazo izquierdo, le pusieron la antitetánica y a los tres días, le dieron el alta y le mandaron a un centro ambulatorio para recibir otros tratamientos.

Ante la gravedad de lo denunciado y con el fin de que la justicia pueda investigar los hechos con todos los medios a su alcance, la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros exige la suspensión cautelar en sus funciones de los agentes implicados en la deportación mientras se investiga sus responsabilidades y el retorno de Austín Johnson a Torrent (Valencia), donde vivía con su familia. Las circunstancias en que se produjo la expulsión justifican la aplicación del artículo 59.4 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que faculta al Ministerio Fiscal para solicitar el regreso a España de un extranjero que “aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales”. De no ser así, se estaría obstruyendo la labor de la justicia, la víctima quedaría en estado de indefensión y el caso sería archivado. La mayoría de casos de malos tratos a extranjeros no pueden ser investigados suficientemente porque las presuntas víctimas son expulsadas al poco tiempo de formular las denuncias, tal como sucedió en mayo con los menores argelinos encerrados en el CIE de Zapadores: fueron devueltos a su país días después de acusar ante el juez a un policía por darles una paliza.

Paradójicamente, los mismos que impiden la investigación al ordenar la deportación argumentan que el archivo de los casos demuestra la falsedad de las denuncias, intentando desacreditar el testimonio de las víctimas y a quienes les acompañan en la defensa de sus derechos.

Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la conversación con Peggy Abienwense, compañera del migrante Austin Johnson.



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