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Por primera vez un Tribunal español escucha a víctimas del franquismo



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1ro de febrero de 2012

Han sido tres testigos que han contado sus casos ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

El primer testimonio ha sido el de María Martín López, de 81 años, de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos. La anciana ha relatado ante el tribunal la desaparición su madre cuando ella tenía tan solo "seis años y dos meses". Con un hilo de voz, debido a una afonía, ha narrado que la mataron el 21 de septiembre de 1936. Su padre la encargó encontrar el cuerpo.

La segunda testigo ha sido Pino Sosa Sosa, una mujer de Gran Canarias, de 75 años, cuyo padre fue asesinado en la Guerra Civil. Aún busca su cuerpo en Canarias. Ante los jueces ha explicado porqué acudieron a la Audiencia Nacional.

La sesión se suspendió después de estos dos testimonios hasta que se reanudó con el testimonio del historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno democrático de la Segunda República. En su opinión, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".

El juicio se reanudará eLjueves con el testimonio de otras dos víctimas del franquismo: Josefina Musulen, de Aragón, y Antonia Oliver, de Mallorca. Luego las sesiones se suspenderán hasta el próximo lunes. Garzón se enfrenta en este juicio, el segundo en este mes, a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le imputan las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Garzón negó en su declaración que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y ha asegurado que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas.

Hay que recordar que la decisión de las asociaciones de víctimas de acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.

Antes, hubo algunas denuncias en 1978 y en los años 80 que intentaron la intervención judicial e incluso la exhumación de alguna fosa, como la de La Solana en Ciudad Real o la del alcalde de Ferrol en 1986, pero ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado de 1981, tras el que el Gobierno socialista de Felipe González decidió "aparcar" el proceso.

Finalmente, en 1999, cuando se abrieron los archivos del Estado, las asociaciones de víctimas al acceder a los datos iniciaron una nueva investigación para reconstruir la represión y crímenes del franquismo.



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