El Tribunal Constitucional de Portugal aprobó la semana pasada una medida gubernamental dirigida a aumentar las horas de trabajo semanales de 35 a 40, sin incrementar los salarios, como parte de la política de austeridad implantada en el país. Con siete votos a favor y seis en contra, los magistrados ratificaron la propuesta aprobada en el verano por el gobierno de Pedro Passos Cohelo con el propósito de reducir el déficit público, pues según cálculos, esperan ahorrar de esta manera unos 153 millones de euros en 2014.

Pese a que el Tribunal impugnó anteriormente otras medidas referidas a la austeridad, en esta ocasión decidió respaldar la modificación laboral por considerar que contribuirá a salvaguardar intereses públicos relevantes. Pero para los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil portuguesa, las medidas son un ataque contra los trabajadores públicos, que trabajarán 41 días más al año por el mismo salario. Consideran que las medidas favorece exclusivamente a los grandes grupos y empresas económicas del país.

Así lo ve, en entrevista realizada por La Radio del Sur, Filipe Ferreira, integrante del Consejo para la Paz y la Cooperación en Portugal.