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Presentada en el Congreso la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a una Renta Básica Universal



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16 de enero de 2014

Una veintena de personas llegadas de Extremadura, Andalucía y Madrid se presentaron en el Congreso para registrar la iniciativa, que esperan sea aprobada para que, en el plazo de nueve meses, consiga el medio millón de firmas necesarias para su debate parlamentario.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pide una renta básica universal para toda la ciudadanía, impulsada por el Movimiento contra el Paro y la Precariedad.

Sus responsables recuerdan que “hay mucha gente que pasa hambre” y que “las personas en el umbral de la pobreza han aumentado un tres por ciento durante el año pasado”. Asimismo, señalan que los más afectados son “la gente joven y las personas mayores de 55 años que no pueden acceder al mercado de trabajo”.

La cantidad que la Iniciativa reclama se fijaría en “el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas”, es decir, 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por Eurostat en 2011, tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del mismo concepto. Para su implantación los promotores de la iniciativa proponen dos fases. Una primera que afectaría a todas las personas domiciliadas en el Estado español e inscritas en el Servicio Público de Empleo que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos o que éstos sean inferiores esos 645,33 euros al mes. En la segunda fase se ampliaría ese derecho al resto de la población.

Para el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad, la renta básica “puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global”.

Por tanto, no se defiende una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres, sino al contrario, un derecho inherente a la condición de personas.

Ahora, tras la presentación de la propuesta, la Mesa del Congreso de los Diputados deberá decidir en un plazo inferior a un mes sobre la documentación remitida y comunicar a la comisión promotora su decisión para que inicie la recogida de firmas.

Aunque varios economistas han hablado a lo largo de los años de la necesidad de establecer mecanismos desde el Gobierno para garantizar la supervivencia económica de los ciudadanos, son pocos los países que han implantado una renta básica o algo parecido dentro de sus fronteras.

En Irán, el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad estableció el 1 de enero de 2011 una renta mínima dirigida a las familias (no a nivel personal) que sustituía una serie de subsidios para la adquisición de alimentos.

En Alaska, la renta básica nace como una contrapartida sobre la acumulación de beneficios adquiridos a causa de la explotación de recursos naturales como el petróleo o los minerales. Toda persona, por el hecho de residir legalmente allí durante al menos medio año, tiene derecho a una paga mensual que tiene grandes oscilaciones cada año.

El Gobierno de Brasil siempre ha tenido sobre la mesa una propuesta sobre renta básica que, a causa de la situación económica, se ha dejado aparcada. A cambio, en el país se otorga lo que se conoce como Bolsa Familia, un programa que se inició en 2003 y gracias al cual se ha atendido a 14 millones de hogares.

En el Estado español ya hay iniciativas en este sentido como la Renta Básica de Emancipación en Irún o la cuestionada (por la escasez de recursos destinados) renta básica extremeña. El parlamento extremeño aprobó en abril de 2013 una Renta Básica que oscilaría entre los 372 euros de mínima y los 692 de máxima, en función del número de miembros de la unidad familiar, si cuentan con alguna persona con discapacidad, o si tiene que pagar alquiler o hipoteca. Pero los meses han pasado y el dinero presupuestado no ha llegado a las familias, en un incumplimiento que están denunciando los movimientos sociales.

Finalmente, en Suiza, este año, sus ciudadanos deberán votar si apoyarían una renta mínima mensual de más de 2.000 euros para cada uno de sus habitantes que pagaría el Estado, independientemente de que se tenga o no empleo.

Escucha en el informe a Manuel Cañada, de los Campamentos Dignidad de Extremadura e impulsor de la ILP de Renta Básica a nivel estatal.



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