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Presentadas cuarenta demandas contra las sanciones indiscriminadas de Delegación de Gobierno de Madrid a manifestantes del 15M



Derechos HumanosONG, colectivos y sociedad civilJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

10 de mayo de 2013

Este viernes se ha interpuesto en los Juzgados de Gran Vía 19, en Madrid, cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas Resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales; a estas demandas hay que añadir las 19, correspondientes a otros procedimientos, presentadas hasta la fecha. Hemos de recordar que desde hace dos años se ha sancionado nada menos que a mil personas por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos.

Estos son algunos fragmentos del comunicado que realiza la comisión legal de Sol, del Movimiento 15M:

"El recurso a los tribunales contenciosos obedece a la sistemática denegación de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados por Delegación de Gobierno en los últimos dos años. La Administración ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas; ha admitido pruebas sin luego practicarlas; ha obviado vídeos, fotografías y testimonios aportados, basando en la práctica totalidad de las ocasiones la sanción en falsas imputaciones por parte de los agente de policía (sí, denunciamos públicamente que la policía miente); y ha contestado en todo momento con resoluciones estereotipadas y de “corta-pega”, en un alarde de puro “derecho de defensa formal”, pero vacío de contenido real o eficacia material, lo que genera un escenario de absoluta indefensión a personas que han acudido a manifestaciones y concentraciones de protesta ante el escenario de actual crisis económica. En una situación en la que la práctica de la potestad sancionadora se configura como una herramienta limitativa de derechos fundamentales, y en la que no se observan las mínimas garantías de defensa de la ciudadanía frente a los poderes públicos, nos vemos en la obligación de interponer demandas contenciosas, y así lo seguiremos haciendo hasta que se deje de reprimir administrativamente a la sociedad civil.

Estimamos que la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obecede a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social. Es por ello que, de cara a las movilizaciones que van a tener lugar en este mes de mayo, volvemos a exigir a la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respeten el ejercicio del derecho de reunión.

Ante la campaña de manipulación del lenguaje interesada que se viene realizando por parte de los poderes públicos, nos vemos en la necesidad de recordar que una manifestación no comunicada no es una manifestación ilegal, que el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente reconocido para todas las personas que solo puede ser restringido en los casos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión. El propio Relator de Naciones Unidas para el derecho de Reunión, refiriéndose a las primaveras árabes y al movimiento Occupy (y por analogía al 15M), ha señalado que: “la celebración de manifestaciones pacíficas es un instrumento legítimo y poderoso para hacer un llamamiento al cambio democrático; a un mayor respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales; y a la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y los abusos”1. El Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de abril de 2006 volvió a recordar que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción”.

En los dos últimos años, la criminalización de la protesta, las cargas indiscriminadas y las sanciones sistemáticas, aleatorias e injustificadas no han conseguido desmovilizar la protesta ciudadana, a la que cada vez se suman más ciudadanos. Ha llegado el momento de exigir de los poderes públicos, especialmente del poder judicial, el reconocimiento de la restricción de derechos que los abusos de poder generan. Desde la Comisión Legal Sol reiteramos nuestro compromiso para defender los derechos fundamentales que la Administración Pública sistemáticamente viola y vulnera".



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