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Que los Gobiernos no miren para atrás: las políticas migratorias son las responsables de las muertes en las costas europeas



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4 de octubre de 2013

Ascienden a casi 200 las personas migrantes que han muerto, mientras que más de 250 están desaparecidas, tras el naufragio de la barcaza en la que viajaban unas 500 personas y que intentaba llegar a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, en Italia, según fuentes de los equipos de rescate. Por el momento hay 155 supervivientes.

Con esta nueva tragedia, por la que Italia ha decretado día de luto nacional para el sábado, Lampedusa ha vuelto a ser testiga de una travesía frustrada para aquellos que buscan en el viejo continente un futuro mejor huyendo de los conflictos y de la hambrunas en sus países. Los medios de comunicación italianos se hicieron eco de las dramáticas escenas que se han vivido en la isla, donde los cadáveres se agolpaban en sus muelles, mientras se intentaba dar cobijo a los supervivientes y los equipos de rescate mantenían una actividad frenética para intentar localizar a los desaparecidos.

La tragedia, en la que entre las víctimas se encuentran dos mujeres embarazadas y tres niños, es la tercera que se registra en pocas semanas y pone de manifiesto la realidad de un mundo desigual y de unas políticas migratorias de los países europeos que tratan como delincuentes a las personas migrantes que llegan desde el mundo empobrecido.

Al parecer se ha denunciado que al menos tres barcos pesqueros presenciaron la tragedia y no prestaron ninguna ayuda. Hay que recordar que las legislaciones de países como Italia o España, castigan a las personas que prestan asistencia a migrantes en situación administrativa irregular. Por tanto, ahora que el mundo se lamenta de las muertes es cuando hay que recordar que estas son en parte responsabilidad de las políticas migratorias. Para analizar esto, adaptamos radiofónicamente el artículo publicado en el periódico Diagonal, y escrito por el activista Pablo ’Pampa’ Sainz Rodríguez, coautor del libro titulado “Qué Hacemos con las Fronteras”. El artículo lleva por título “Las políticas migratorias siguen arrojando cadáveres al mar”.

Un barco con 72 personas, incluidos mujeres, niños y refugiados políticos, quedó a la deriva a tras partir desde Trípoli y pese a que pidió ayuda a los guardacostas italianos y contactó con un helicóptero militar y un buque de guerra de la OTAN, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate. Finalmente, solo once de las personas a bordo consiguieron sobrevivir, mientras que el resto murió de hambre y sed después de pasar 16 días en el mar”. No es que nos hayamos equivocado en el número de personas muertas o desaparecidas en el hundimiento de la barcaza ocurrido ayer en aguas del Mediterráneo, cerca de las costas de la isla italiana de Lampedusa. Las noticias de hace dos años como la que empieza esta nota, o las del mes pasado, solo diferirán de la de hoy en un número de víctimas que, indefectiblemente, seguirán sucediéndose. Más de 20.000 cadáveres escupidos por el mar, y una cifra estimada en 6.000 cuerpos desaparecidos, son la consecuencia de las últimas dos décadas de control de fronteras llevado a cabo por la Unión Europea. Crónicas de una muerte anunciada.

Hasta anoche se habían rescatado más de 200 cadáveres y unas 150 personas estaban desaparecidas. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström se mostraba “horrorizada” y llamaba “a redoblar los esfuerzos para combatir a los traficantes que explotan la desesperación humana”. Italia declaraba un día de luto, España lamentaba la tragedia y el Papa Francisco definía lo sucedido como “una vergüenza”. Resulta difícil —si no imposible— explicar cómo una embarcación puede permanecer a la deriva en el mar mejor vigilado del planeta.

Para los medios de comunicación esos cuerpos se retratan como torpes seres que decidieron prender fuego a una manta para ser vistos y eso desencadenó la tragedia. Nadie dice que son personas que escapan a las guerras de su país (Somalia) o a la sangrante dictadura de su gobierno (Eritrea). Nadie advierte que muchas de esas víctimas eran potenciales solicitantes de protección internacional (asilo) a quienes Europa les sigue dando la espalda, pese a tener una participación activa en el expolio y los conflictos armados que se suceden en esos países.

Pero pocos han reflejado tan claramente la hipocresía europea como el periodista italiano Gabriele del Grande, que en su libro Quemar la Frontera afirma que “ningún turista debería renunciar a una estancia en Gel’alo [Eritrea], especialmente si es italiano. Por el simple hecho de que ese hotel (donde se alojaba) había sido construido completamente por exiliados eritreos obligados a trabajos forzados después de haber sido arrestados en la ruta a Lampedusa y repatriados desde Libia” en vuelos encargados y pagados por el gobierno italiano en el año 2004.

A Europa no le preocupa la cantidad de muertes o desapariciones, lo que no quiere es que los muertos sigan convirtiendo el mar Mediterráneo en un auténtico piletón donde yacen miles de cuerpos sin vida. Que mueran pero lejos, es la consigna.

Ya las primeras voces oficiales empiezan a reclamar mayor control en los puntos de salida, y tal vez la consecuencia que veamos sea abrir más cárceles en el continente africano, como en la École Six de Naudibú (Mauritania) donde las aulas de la escuela han sido sustituidas por celdas. La transformación fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), construida por el ejército español y con la Cruz Roja a cargo de las tareas “asistenciales”.

Estas muertes, las anteriores, y las que podemos asegurar se seguirán sucediendo se explican todas desde las políticas de migración que la Unión Europea lleva adelante sin importar las vidas humanas en juego. Aún con la vergüenza de la muerte pegándonos en la cara, vale la pena recordar que en 2011, año en que perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo más de 1.500 personas, el Ministerio de Interior español gastó en el Fondo para las Fronteras Exteriores 59.575.389,50 euros, de los cuales casi 15 millones salieron de nuestros fondos públicos y el resto provino de la Unión Europea.

El año pasado la Agencia de Control Fronterizo Europeo (Frontex) destinó poco más de cuatro millones de euros para el operativo Hermes, creado para frenar la llegada de inmigrantes desde países como Libia, Túnez y Argelia hacia, precisamente, la isla de Lampedusa. Los resultados, están a la vista.

En España, desde el año 2006, el Ministerio de Interior ha destacado el éxito de su política fronteriza, especialmente la disminución en la llegada de migrantes a nuestras costas. En sus números nunca aparecen las personas muertas o desaparecidas, hasta que tragedias como la de ayer les obliga a sacar su hipocresía. Mientras, siguen ordenando sus redadas racistas, torturando en Centros de Internamiento de Extranjeros y programando vuelos de expulsión masiva.



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