Los medios comunitarios son representativos de la democracia participativa en los países, ya que ilustran el acceso de la ciudadanía a la comunicación, con la posibilidad de construir proyectos propios sin ánimo de lucro.

Muchos países del mundo ya han reconocido este importante papel que en democracia juegan los medios comunitarios, el último, por ejemplo, Argentina, donde a partir de ahora una tercera parte de las frecuencias estará reservado a medios sociales sin ánimo de lucro a través de la nueva ley de servicio audiovisual.

En el Estado español, la Ley General Audiovisual que intenta sacar adelante el Gobierno reconoce la existencia de los medios comunitarios, pero no establece instrumentos ni herramientas que garanticen esa existencia. Además no se reserva ningún espacio para este tipo de proyectos de comunicación de la sociedad civil y lo que sí hace es establecer muchos condicionamientos y restricciones.

La política española contrasta con la que en los últimos años se han venido desarrollando en Europa, donde por ejemplo se ha adoptado la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el rol de los medios comunitarios en la promoción de la cohesión social y el diálogo intercultural, adoptada en febrero de 2009, o la Resolución de 25 de septiembre de 2008 del Parlamento Europeo sobre los medios del tercer sector de la comunicación.

El día 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en esta ocasión la Red de Medios Comunitarios (ReMC) que aglutina a medios de diferentes lugares del Estado español, se detiene en el derecho de libertad de expresión. Exigen que se respete este derecho que tiene la ciudadanía para expresarse en sus propios medios, de forma independiente.

En el caso español, la Red de Medios Comunitarios intentó reunirse con el Gobierno para pronunciarse sobre la reforma de la Ley General Audiovisual, pero este diálogo ha sido negado sistemáticamente por el Gobierno. En contraposición, para el relator de Naciones Unidas, Frank La Rue, es primordial el diálogo entre Gobiernos, Parlamentos y sectores sociales para legislar sobre comunicación.

Por otra parte, la comunicación audiovisual se acerca a la transferencia hacia el mundo digital. En estos procesos de cambio también debe garantizarse el acceso a frecuencias a proyectos comunitarios.

El relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión va más allá al preguntarse si los Estados pueden considerar como delito la existencia de medios de comunicación comunitarios sin licencia, ya que durante años en muchos países no se ha legislado para permitir esa existencia regularizada y sobre todo, si los Estados han gestionado un bien público como el espacio radioeléctrico acaparándolo en pocas manos entonces es el Estado el que está violando principios fundamentales.