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Reportaje especial: ¿qué está pasando en Venezuela? El pueblo venezolano rechaza intento golpista del Parlamento



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24 de octubre de 2016

El domingo, miles de personas se movilizaron ante la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, para rechazar el documento que promueve el desconocimiento de la institucionalidad del país, aprobado por la derecha, hoy mayoría en el Parlamento.

La oposición venezolana, que tiene mayoría parlamentaria, declaró una "ruptura del orden constitucional" después de que el Consejo Nacional Electoral resolviera suspender temporalmente la recolección del 1 por ciento de las firmas para activar el referendo revocatorio, por las irregularidades que detectaron varios tribunales penales.

También discutieron un acuerdo para la destitución del presidente constitucional, bajo el argumento de abandono del cargo por su gira de trabajo a países Opep y no Opep, sin permiso de dicho parlamento.

A las afueras de la Asamblea Nacional, el pueblo chavista protestó contra las resoluciones adoptadas que son consideradas un nuevo intento de golpe de estado al estilo de lo ourrido ya en países como Honduras, Paraguay o Brasil. Un grupo de manifestantes irrumpió en el recinto para defender la democracia y el orden constitucional.

Tras haberse anunciado en rebelión contra el gobierno, los asambleístas de la derecha no esperaban que el pueblo tuviera una reacción espontánea y con el uso de las redes sociales volviera a las calles, como ocurrió en la intentona golpista contra Chávez en 2002, para defender su democracia. Los asambleístas opositores se vieron sorprendidos cuando un grupo de personas consiguieron entrar al Parlamento para hacer ver que es el pueblo quien manda.

El comunicador popular Oswaldo Rivera resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital de Chuao con una herida en la cabeza, pues uno de los seguidores de la oposición le lanzó una silla desde la parte alta del salón de debates de la Asamblea y lo hirió en la cabeza; la herida necesitó de puntos de sutura. Para las radios comunitarias, Oswaldo Rivera, nos cuenta de primera mano lo ocurrido.

ESCÚCHALO EN EL AUDIO DE LA NOTICIA

El presidente del parlamento y miembro de la oposición al Gobierno, Henry Ramos Allup, que se encuentra en desacato al Tribunal Supremo de Justicia por incumplir decisiones del Poder Judicial, aseguró que emprenderá un "juicio político" al presidente Nicolás Maduro y emitió una resolución para la sustitución irregular de las autoridades de los poderes electoral y judicial.

Los diputados socialistas convocaron a una concentración el próximo martes en la avenida Libertador para marchar hasta el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) para recibir al presidente Maduro de su regreso de la gira por Oriente Medio.

Pero, para cotextualizar todos estos hechos, hemos preparado el siguiente informe de lo que está pasando en Venezuela.

La derecha ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Su principal objetivo desde que se instaló en el parlamento ha sido derrocar al Presidente Nicolás Maduro. Para ello, la derecha se tomó CUATRO meses debatiendo cuál debía ser el método para expulsar al Presidente, considerando al menos, los siguientes:

Exigirle la renuncia. Enjuiciamiento. Declarar su incapacidad mental. Nulidad de las elecciones por ser colombiano. Enmienda y reforma constitucional para acortar el mandato. Reforma Constituyente. Presión social en la calle fomentando la violencia y el descontento a través del acopio de alimentos y medicamentos por parte de los grandes empresarios. Y Referendo revocatorio, entre otros. En el mes de abril se decidieron por un método y activaron el proceso para solicitar un revocatorio.

Pero no contaron con los plazos que marca la ley. Y es que al activar el mecanismo en abril y no en enero que era cuando se cumplía la mitad del periodo constitucional presidencial, a la derecha no le daba el tiempo de realizar el revocatorio en el año 2016, debido a que los lapsos establecidos en la normativa que regula su activación y convocatoria, establecen un procedimiento que dura más de 260 días.

Y claro, hacer el referéndum en 2017 implica que de ser exitoso, quien termina el periodo del Presidente revocado es su Vicepresidente Ejecutivo, lo cual conlleva a que un o una chavista complete el periodo presidencial hasta el año 2019. Algo que la oposición no quiere.

Como la derecha venezolana controla la Asamblea Nacional pues aprobaron que ésta desacate las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que anulaban sus actuaciones inconstitucionales. Por mantener el desacato, el Tribunal decidió anular todos los actos de la Asamblea hasta que no se ajuste a derecho y respete la Constitución.

A pesar de todo, el Presidente Nicolás Maduro siempre ha convocado a la oposición a un diálogo nacional para resolver política y pacíficamente los conflictos. Para estos diálogos pidió la mediación de organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con participación de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. La derecha puso como condición la incorporación del Vaticano, lo cual fue concedido de inmediato por el Presidente Maduro. Pero todos los intentos de diálogo han fracasado hasta ahora debido a las contradicciones internas de la oposición.

Para convocar el referendo, la derecha tenía que recoger en primer lugar, el 1% de las firmas del registro electoral, con el objetivo de legitimar las organizaciones políticas promotoras del revocatorio. Al lograr este paso, tenían que recoger el 20% de las firmas del registro, según lo que establece la Constitución venezolana.

Por tanto, la derecha debía recoger sólo 195.000 firmas para cumplir el requisito del 1%, sin embargo, consignó al Consejo Nacional Electoral casi dos millones de firmas, de las cuales la Auditoría, donde tanto la derecha como el chavismo estaban representados, identificó más de 600.000 mil firmas fraudulentas, ya que once mil eran de personas fallecias, 54.000 no figuraban inscritas en el registro electoral, 3.000 eran de menores de edad sin derecho a voto, más de mil trescientas eran firmas de personas inhabilitadas por delitos graves como homicidios, narcotráfico o abuso sexual, incluso más de nueve mil firmas fueron denunciadas por usurpación de identidad.

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral encontró estas irregularidades, admitidas por la comisión que nombró la propia oposición para la revisión de las firmas, procedió a convocar para los días 26, 27 y 28 de octubre, el proceso de recolección del 20% de las firmas, haciendo la salvedad de que sometería los registros fraudulentos a una investigación judicial.

Pero el jueves 20 de octubre, siete tribunales nacionales de distintos estados de Venezuela, basados en denuncias de ciudadanos afectados, dictaron medidas cautelares ordenando al Centro Nacional Electoral que suspendiera todos los procedimientos que se generaron como consecuencia de la recolección del 1% de las firmas, por haberse evidenciado la usurpación masiva de identidades. En cumplimiento de estas órdenes judiciales, el Consejo tuvo que suspender la segunda fase del revocatorio, la recolección del 20% de las firmas. La derecha reaccionó acusando al Gobierno del Presidente Maduro de haber dado un Golpe de Estado, pero eludió la responsabilidad de su dirigencia en el fraude del 1% de las firmas.

El domingo 23 de octubre la Asamblea Nacional, controlada por la derecha, sesionó de forma extraordinaria, declarándose abiertamente en “rebelión” y acordó los siguientes puntos:

Declarar que el Presidente Nicolás Maduro dio un Golpe de Estado y quebró el orden constitucional. Solicitar a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela, es decir, un hecho inédito en el que venezolanos reclaman que se sancione a su propio pueblo. Denunciar en la Corte Penal Internacional a las rectoras del Consejo Electoral y jueces que han suspendido el proceso revocatorio, recordamos, por fraude reconocido en la firmas recopiladas. Destituir a los rectores del Consejo Electoral y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Decidir sobre la supuesta doble nacionalidad del Presidente Maduro, a fin de destituirlo. Y decidir sobre el abandono del cargo por parte del Presidente Maduro, a fin de destituirlo, al estar en viaje oficial por países productores de petróleo.

Con todos estos datos, que los medios de comunicación internacionales no ofrecen, la audiencia de Más Voces ahora podría responder a algunas cuestiones como:

¿Quién dio el Golpe a quién? ¿La derecha cometió fraude en la recolección del 1% de las firmas y el responsable es el Gobierno?

¿Busca la derecha justificar una intervención extranjera a gran escala con la excusa de la suspensión del revocatorio y de una supuesta crisis humanitaria?

¿Un parlamento en desacato judicial, puede destituir a rectores electorales o magistrados del máximo tribunal del país sólo porque velan por el cumplimiento de la Constitución y protegen a la nación entera de un fraude contra la soberanía popular?

¿No es acaso un Golpe de Estado que el parlamento pretenda desconocer todas las autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de buscar su destitución por vías no constitucionales?

La Cancillería de Colombia envió una nota oficial al Presidente de la Asamblea Nacional informándole que en ninguna agencia de su gobierno habían registros de nacionalidad del Presidente Nicolás Maduro. ¿No es acaso un intento de Golpe de Estado pretender la destitución de un Presidente con tres años en ejercicio, acusándolo de ser nacional de un país que oficialmente ha negado este hecho?

Mientras se da la sesión en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro está de gira por países OPEP y no OPEP concertando un acuerdo para estabilizar los precios internacionales del petróleo, base fundamental de la economía venezolana. ¿No es a caso una acción golpista buscar la destitución de un Presidente por abandono de cargo, cuando es público y notorio que está en pleno ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado? De momento, parece que Venezuela es un país algo distinto a Honduras, Paraguay o Brasil, y el pueblo anuncia a través de multitud de movimientos sociales y vecinales que saldrán a la calle a defender su Constitución, su Revolución social y su Presidente legítimo.



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