Ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea, ni en las asociaciones feministas, ni en la mayoría de la sociedad civil del Estado español entienden cómo el Gobierno español, que ya se descubre como ultraderechista, ha sido capaz de proponer una reforma de la Ley del Aborto que legisla hacia atrás, que criminaliza la capacidad de las mujeres de decidir sobre su salud y su cuerpo, y que lejos de evitar que se produzcan abortos fomentará la clandestinidad, con el riesgo de la salud para las mujeres que eso conlleva, y el que las que tengan dinero puedan abortar en el extranjero, pero las más humildes no.
El Gobierno del Partido Popular con su reforma convierte el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en delito. De hecho quien tramita la nueva Ley no es el ministerio de Sanidad, sino el de Justicia. Recordamos, eso sí, que la ley aún no ha sido aprobada, ya que debe pasar por el Congreso y el Senado.

Si se aprobara, la mujer sólo podría abortar si dos médicos, de diferentes centros hospitalarios, le dan su visto. O sea, si acreditan que el embarazo supone un peligro para su salud física o psicológica. De esta manera el embarazo es de las mujeres, pero el aborto de los médicos. Así, el aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve a considerarse delito por el Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un "grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer".

De todas formas, aunque la mayoría absoluta, que se ha tornado absolutista, del Partido Popular aprueba la reforma de la Ley del Aborto, los partidos de oposición se han comprometido a derogarla lo antes posible, cuando cambie la mayoría parlamentaria. También intentarán que ni siquiera llegue a ser aprobada, incluso reprobándola ante la Justicia.

En las calles, las asociaciones de mujeres, junto con otros colectivos sociales, es decir mujeres y hombres juntos, saldrán a reclamar los derechos de las mujeres y el fin de los Gobiernos ultraconservadores, que legislan como en tiempos de la dictadura franquista del nacional-catolicismo, con aquella moralina falsa que por un lado impedía el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad alegando la defensa de la vida como don Divino, pero por otro lado aplicaban la pena de muerte arrebatando la vida de quienes no pensaban como ellos.

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