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Política internacional  |  (Global)

13 de abril de 2011

Egipto detiene a Mubarak y a sus dos hijos durante 15 días por los abusos del régimen

El ex presidente Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal, han sido arrestados por un periodo de 15 días por la policía después de que la Fiscalía General ordenara su detención en el marco de una investigación por la violenta represión de los manifestantes durante las revueltas del pasado mes de febrero y por un delito de corrupción. Aunque se esperaba que Mubarak fuera trasladado en helicóptero a un hospital militar de El Cairo, fuentes médicas han confirmado que continúa ingresado en un centro de la ciudad balneario de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí, donde fue ingresado por un ataque cardíaco cuando iba a ser interrogado por la Justicia. Sus dos hijos ya se encuentran en la prisión de Tora, en la capital. Entre los reclusos detenidos en esta cárcel se encuentran el ex primer ministro egipcio Ahmed Nazif y los ex ministros de Interior Habib el Adli y de Turismo Mohamed Zuhair Garana, así como ex altos cargos del Partido Nacional Democrático de Mubarak. Todos están acusados de corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. La cárcel de Tora es la más famosa de Egipto porque allí fueron recluidos la mayoría de los detenidos políticos durante el régimen de Mubarak. Algunos de ellos aún están presos, y comparten las celdas con los responsables del régimen que los encarceló.

La población evacuada de Fukushima sufre el rechazo por su posible contaminación

Han tenido que dejar sus casas, sus cosas y su medio de vida, que, en muchos casos, eran sus granjas y sus animales. Pero a los centros de evacuación no les basta. Para poder ingresar en ellos y recibir su “abrigo”, han de contar con un certificado oficial que pruebe que no están contaminados. Y es que aquellas personas que vivían entre 30 y 40 kilómetros alrededor de la central, tienen muchas posibilidades para portar radiaciones y contagiar a otras personas, sobre todo teniendo en cuenta que, este martes, Japón ha reconocido que la gravedad del accidente nuclear de Fukushima es equivalente a la de Chernóbil. Estas personas están denunciando la situación de marginación que están viviendo. Una vecina de una de esas localidades ha escrito en su blog que un hotel de la prefectura de Saitama, en el norte de Tokio, se niega a hospedarla a ella y a su familia a pesar de proceder de ninguno de los pueblos evacuados. Cada vez es más habitual exigir la prueba de no estar contaminados. Aparatos de detección ya existen. De hecho, están instalados a la entrada de muchos edificios a modo de puestos de control por los que hay que pasar, se quiera o no. Es lo que ocurre en los lugares donde se permite pasar la noche a los que se han quedado sin casa y en aquellos otros en los que solo se va a pedir ayuda profesional por algún problema de salud. Un ejemplo de discriminación podría ser que a una niña de 8 años originaria de Minamisoma, localidad situada a 20 kilómetros de la planta nuclear, se le ha negado ingresar en un hospital porque no tenía el certificado de “no radiactividad”. La mala suerte de los últimos en evacuar los alrededores del complejo de Fukushima ha traído a más de uno un amargo recuerdo: el de los supervivientes de los bombardeos americanos de Hiroshima y Nagasaki, a los que se alejó del resto de la sociedad por miedo a que se contagiaran los demás.

Fin de la impunidad en Uruguay

El Senado uruguayo ha invalidado la Ley de Caducidad, que perdonó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985), y ha abierto así las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías responsables de los crímenes. Con 16 votos a favor, todos del izquierdista Frente Amplio, en el poder en el país, y 15 en contra, uno de ellos del propio partido de izquierda, los senadores han aprobado el controvertido proyecto de ley, tras más de doce horas de acalorado debate. Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que reconocer como protegidos por la Constitución todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Uruguay y declarar así inconstitucional la Ley de Caducidad de forma automática, haciéndola inaplicable. Durante el debate, grupos defensores de los derechos humanos y sindicalistas se congregaron en la puerta del Parlamento para mostrar su apoyo al proyecto. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca de cien personas en cárceles y cuarteles, mientras que al menos 34 personas quedaron en paradero desconocido tras ser detenidas por fuerzas policiales y militares.

El alcalde de Madrid reclama una ley estatal para sacar a los "sin techo" de la calle incluso "por la fuerza"

El alcalde de Madrid y candidato del derechista Partido Popular a la reelección, Alberto Ruiz-Gallardón, ha reclamado un ley estatal que permita a los Ayuntamientos quitar "por la fuerza" de las calles a los "sin techo". Gallardón propondrá al Partido Popular que incluya la propuesta en el programa de las elecciones generales de 2012. En un acto de precampaña de su partido, celebrado en una comisaría de Policía Municipal, Ruiz-Gallardón ha dicho que la única condición sería que los Ayuntamientos dispusieran de los servicios sociales necesarios para acoger a esas personas. Tras recordar que los municipios no tienen capacidad legal para llevar a la práctica ese propósito, el regidor ha asegurado que "son muchos los ayuntamientos de todos los colores políticos" que quieren una ley de esas características, que también debería prohibir, en su opinión, el consumo de alcohol en la calle. El regidor aseguró que las personas sin hogar que actualmente duermen en la calle "lo hacen por su voluntad, no por necesidad", ya que, incluso en los meses de más frío en la capital, no se ha dejado de atender ni una sola solicitud de atención en los albergues. Gallardón cree que el problema es que aún con plazas disponibles, los ayuntamientos no tienen competencias para "poder desplazar contra su voluntad" a una persona que viva en la calle. Organizaciones y colectivos sociales critican con dureza al alcalde por reclamar una medida que consideran fascista al pretender limpiar de pobres las calles de Madrid.



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