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Política internacional  |  (Global)

30 de octubre de 2012

- Obama declara zona catastrófica las áreas afectadas por ’Sandy’ en Nueva York y Nueva Jersey

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha declarado zona catástrofica las áreas de Nueva York y Nueva Jersey que han sido arrasadas por el huracán Sandy, que ya ha dejado 27 muertos después de tocar tierra, uno de ellos en Canadá. La Casa Blanca ha comunicado que pondrá a disposición de las partes más afectadas (Bronx, Queens, Nassau, Richmond) los fondos necesarios para su recuperación. Obama, que decidió suspender sus actos de campaña, va a tener muchas preocupaciones añadidas a la carrera por la reelección. Esta mañana cedió un dique en el condado de Bergen, en Nueva Jersey, lo que ha obligado a la evacuación de tres pueblos cercanos: Moonachie, Little Ferrie y Carlstadt. El agua, según el jefe de Policía de Little Ferrie, ha alcanzado el metro y medio de altura y el 75% de la localidad está anegada. En total están siendo trasladadas 1.000 personas. También en Nueva Jersey, las autoridades activaron una alerta de nivel tres -de una escala de cuatro- en un reactor nuclear de la central nuclear de Oyster Creek ya que el nivel de agua que ha entrado en la planta a causa de las lluvias ha superado los límites aceptables y ponía en riesgo el normal funcionamiento de los sistemas de refrigeración de las piscinas en las que van instaladas las barras de uranio. Los efectos de Sandy se han dejado notar en otras cinco plantas según explicó la Comisión de Regulación Nuclear, que ha enviado inspectores a varias plantas en Estados del corredor de la zona costera, como Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, aunque por ahora no hay órdenes de cierre. Por otro lado, Sandy provocó un incendio en el barrio neoyorquino de Queens, donde ardieron unas 80 casas. Y en Maryland se ha registrado un gran escape de aguas residuales en una planta de tratamiento por culpa de una grieta en las instalaciones. La planta está volcando casi ocho millones de litros por hora.

- Jueces y fiscales amenazan al Ministro español de Justicia con colapsar los desahucios bancarios

Los jueces y fiscales han amenazado con relegar las demandas judiciales de los bancos, que en su mayoría son ejecuciones hipotecarias y desahucios, en respuesta a los planes del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de retirar a 1.200 jueces sustitutos desde esta semana. Las siete asociaciones representativas del colectivo, que actúan conjuntamente desde julio, mantienen un calendario de movilizaciones que incluye trabajar a reglamento, una concentración el 23 de noviembre, y, eventualmente, una huelga. Según explicó Joaquim Bosch, de la Asociación Jueces para la Democracia, están estudiando proponer que se cree un turno especial para las ejecuciones hipotecarias de los bancos, ya que están colapsando los juzgados y dilatando la tramitación de los asuntos de los ciudadanos particulares. María Teresa Sáez, nueva portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, fue aún más dura y destacó que los juzgados "se han convertido en oficinas de recaudación de las entidades bancarias". Explicó que las situaciones de insolvencia en los ciudadanos provocadas por la crisis, han disparado los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, embargos y desahucios, instados por los bancos, que sin embargo paralizan en muchas ocasiones esos trámites a la espera de asegurarse el mejor precio para los inmuebles.

- El 15-M exige al Gobierno que deje de "coartar" el derecho a manifestarse

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya lo había advertido. La manifestación del pasado sábado, convocada por la coordinadora 25-S, era, bajo su punto de vista, "ilegal". Y, por tanto, la Policía actuaría en consecuencia. El aviso de la representante del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid se hizo evidente cuando la movilización aún no había empezado y varios agentes comenzaron a pedir la identificación a algunos de los ciudadanos que comenzaron a concentrarse en la Plaza de España de la capital, donde comenzó la marcha. El balance final, 300 expedientes abiertos que, si prosperan, podrían acabar en sanciones administrativas de entre 300 y 6.000 euros. Para la comisión de Legal que surgió de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, encargada de dar asistencia letrada a los activistas que lo requieren, el objetivo de estas sanciones es "desmovilizar a la ciudadanía coartando su derecho a manifestarse". En un comunicado este grupo recuerda a Cifuentes que, en virtud del artículo 513 del Código Penal, sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad "cometer algún delito" y aquellas a las que acudan "personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso", algo que no ocurrió en la manifestación del pasado sábado, que transcurrió en todo momento de forma pacífica. Por ello, solicitan a este organismo que "cese de transmitir a la ciudadanía un mensaje intencionadamente falso sobre la configuración del derecho de reunión". "Aunque Cifuentes vende el mensaje de que sanciona a los convocantes, lo que la Policía hace es identificar a los primeros que llegan a una movilización, lo que quiere decir que son puntuales, no que son promotores. Eso es un uso arbitrario de la ley, lo que se supone que está prohibido", señala Eric Sanz de Bremond, uno de los abogados de la comisión de Legal. Según la legislación vigente, se considera promotor de una movilización no comunicada por los cauces legales a las personas que las presidan, las dirijan o a quienes las hayan inspirado a través de publicaciones, declaraciones de convocatoria, discursos o impresos que se repartan. Por ello, en la comisión de Legal temen que, finalmente, a las personas a las que la Policía identificó el pasado sábado se les achaque una infracción administrativa leve por desobedecer los mandatos de la autoridad o sus agentes. "Para probar que estas personas desobedecieron a la Policía basta con la versión de los agentes", asegura Sanz de Bremond. De hecho, según señalan desde Legal Sol, "desobedecer las indicaciones de los agentes para que abandonasen la calzada y permitiesen la circulación rodada" es una de los motivos "recurrentes" que aparecen en los atestados policiales cuando se trata de sanciones a activistas del 15-M. De este modo, la Delegación del Gobierno se evita probar que realmente sanciona a los promotores, pues estas movilizaciones son convocadas por asambleas sin personalidad jurídica. Los abogados del 15-M exigen a la Delegación del Gobierno que "ajuste su actuación a la legalidad" y "cese en sus identificaciones arbitrarias". Además, insisten en que este tipo de sanciones afectan "de forma muy gravosa" a la economía de una población que "sufre más de un 25% de paro". "Para muchas personas es mucho peor tener que pagar una multa de 300 euros que pasar tres días detenido", sentencia Sanz de Bremond.



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