El estado de Arizona presentó su apelación ante un tribunal federal contra la decisión de un juez federal de suspender las partes más polémicas de la ley SB1070, una ley que persigue a las personas migrantes sin permiso de residencia y que da permiso a policías y autoridades a detener a personas por su aspecto físico.

En un comunicado, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó haber presentado una apelación de urgencia para pedir al tribunal que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso.

Si el caso llega hasta el Tribunal Supremo, como amenaza Brewer, abriría un frente legal sobre la soberanía de los gobiernos estatales y el Gobierno federal, encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración. Al tiempo que Brewer presentaba la apelación, la Policía detenía al menos a 40 manifestantes en las calles de Phoenix que se concentraban contra la ley de inmigración.

En su dictamen el miércoles en Phoenix, la jueza Bolton ordenó el bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los agentes de Policía de comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país. Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos. Sin embargo, se mantiene la parte que convierte en delito el dar albergue y transportar a personas indocumentadas.

Mientras se resuelve la batalla, los grupos pro-inmigrantes se están movilizando y protestando en Arizona para frenar la ley y exigir al presidente Obama una reforma migratoria. Desde Estados Unidos, nos informa Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica.