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Siguen los seísmos en el Delta del Ebro causados por el Proyecto Castor de almacenaje de gas natural



EcologíaONG, colectivos y sociedad civil  |  Estado Español

7 de octubre de 2013

En los pueblos del Ebro de las provincias de Tarragona y Castellón llevan años protestando contra el proyecto Castor de almacenaje a través de inyección en el fondo marino de gas natural. Desde el comienzo del proyecto en 2007 advertían de los riesgos de afectar a las fallas cercanas y provocar seísmos. Y seis años después los seísmos han llegado. Desde hace días la tierra tiembla y el temor de la población va en aumento.

Las organizaciones ecologistas señalan que tanto el Gobierno anterior de Rodríguez Zapatero, como el actual de Rajoy primaron el proyecto al que le han ido aumentando progresivamente el presupuesto inicial en contra de la seguridad de la población.

Pero ¿qué es el Proyecto Castor?

Todo comienza con un yacimiento petrolífero en aguas mediterráneas frente a las costas de Castellón y Tarragona. El yacimiento Amposta. Fue realizado por la compañía Shell que extrajo crudo entre los años 1973 y 1988 hasta un total de 55 millones de barriles de petróleo. Agotado el yacimiento, la planta quedaba abandonada hasta que en el año 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero, con Joan Clos como ministro de Industria y Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, la seleccionan como el asentamiento para el "proyecto Castor".

Se trata de convertir el antiguo yacimiento petrolífero, ahora vacío, en un almacén de gas natural. El proceso es muy sencillo, pero conlleva riesgos. El gas excedente que de momento sobra al Estado se comprime en una factoría y se traslada por un acueducto hasta el antiguo yacimiento desde donde se inyecta en el subsuelo, quedando guardado como reserva. En el mundo ya hay 627 almacenes de este tipo.

¿Era necesario?. Según los gobiernos socialistas y ahora del Partido Popular sí, ya que aunque el Estado se abastece sobradamente de gas natural a través del gaseoducto de Argelia y al que llega desde Europa, las reservas en caso de emergencia, y según las autoridades, apenas cubrirían las necesidades de la población durante 20 días. Hay que recordar que el gas natural representa casi una cuarta parte del consumo de energía total del Estado español.

De hecho, a pesar de los recortes sociales, los dos gobiernos no han escatimado en gastos en este proyecto. De los 500 millones iniciales del presupuesto original, se pasó a los 925 y de ahí a los 1300, casi el triple de lo que estaba previsto. Mucho dinero y poco tiempo, tan poco que el Ministerio de Industria no consideró necesario realizar un estudio sobre posibles impactos negativos. Sí lo encargó, por el contrario, el ministerio de Medio Ambiente. Pero claro, la empresa concesionaria ESCAL, hizo un informe en el que minimizaba los riesgos pero reconocía que eran una posibilidad y se comprometía a tomar las medidas necesarias para evitar que eso ocurriera.

Ahora, las asociaciones vecinales y ecologistas denuncian que el proyecto Castor se presentó sin tiempo suficiente para estudiarlo dada su dimensión y obligando a presentar alegaciones deprisa y corriendo, incumpliendo la ley 27/2006 de acceso a la información ciudadana en materia ambiental. Señalan, que ahora se ha podido comprobar que, tal como llevan advirtiendo años, se trata de un proyecto peligroso para las personas, que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minimizó los riesgos derivados del mismo y que las valoraciones hechas no estuvieron acertadas. Las manifestaciones ciudadanas para exigir el cierre del proyecto se vienen sucediendo desde hace días.

El Gobierno, tras la evidencia de los seísmos continuos, tomó la decisión de detener la actividad de la planta hasta que no cesen los seísmos. Protección Civil de Cataluña (DGPC) ha advertido que no se puede descartar una "tendencia creciente" de la magnitud de los seísmos que se están produciendo los últimos días al sur de las Tierras del Ebro, a pesar de que no se han logrado niveles de intensidad susceptibles de producir daños. Lo afirma en un comunicado en el que explica que los terremotos se están produciendo en una falla en el interior del mar ante la costa de Castellón.

Y los temblores no cesan. Y por eso cada vez son más lo que plantean que el cierre de la planta de Castor sea definitivo. La pregunta es: ¿Quién debería asumir los costes de un hipotético cierre? Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, dijo que ya se verá cuando llegue el momento. Esta es, de momento, la tibia respuesta del Gobierno. Pero según la empresa, sería el Estado el que tendría que abonar lo más de 1.600 millones de euros que costaría desmantelar la planta. Y se basa para ello en la normativa que publicó el BOE en 2006: "En el caso de que el titular de la concesión solicite la extinción de la misma, se reconocerá la inversión en instalaciones".

Es decir, que el cierre, de producirse, lo pagaría la ciudadanía española. El Gobierno insiste en que la decisión final debe depender exclusivamente de una cosa: la seguridad de las poblaciones cercanas. Mientras, siguen los temblores. En las últimas 24 horas se han producido cuatro movimientos que no han superado los 1,6 grados en la escala Richter.



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